El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, negó el viernes que el cuerpo de seguridad encubra ejecuciones extrajudiciales en operativos policiales y se mostró abierto a que «se investigue cualquier hecho en el que quepa duda».
«No estamos, como institución, en la intención de encubrir ni de tolerar actos de ese tipo, porque no es esa la línea institucional para el abordaje del problema de la violencia y la delincuencia», sostuvo Cotto en la entrevista televisiva Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS).
El jefe policial también remarcó su «compromiso y disposición a que se investigue cualquier hecho» que levante sospechas de que agentes de la policía cometieron alguna ejecución, por lo que la institución apuesta por «fortalecer» sus unidades de control interno.
«No basamos el éxito ni la posibilidad de que los índices de violencia o delincuencia en nuestro país vayan disminuyendo sobre la base de realizar acciones al margen de la ley», añadió Cotto, quien aseguró que han sido «diligentes» al investigar las muertes en enfrentamientos armados entre policías y pandilleros.
El funcionario añadió que durante la reunión que sostendrá con la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, quien llegó el jueves al país, expondrá que no existen condenas por este tipo de hechos.
«No registramos, lo vamos a profundizar con la relatora, hechos en los cuales este demostrado el cometimiento de ejecuciones extrajudiciales» y «en los procedimientos que hasta hoy se han judicializado no tenemos casos en los que se haya condenado a policías», argumentó Cotto.
Organizaciones de derechos humanos manifestaron este jueves que entregarán a la experta, durante una reunión privada, un documento que contiene información de más de 1.000 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2014 y 2017.
La visita se da cuando el país ha vivido, según diversas organizaciones sociales, un retroceso en derechos humanos a raíz de una serie de medidas «extraordinarias» de seguridad contra las pandillas.
Solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investiga al menos 40 presuntas ejecuciones a manos de uniformados registradas entre enero y mediados de agosto pasado, que se suman a las 119 investigadas entre 2013 y 2016.
