Autoridades dicen haber desarticulado pandilla estudiantil en formación

by Redacción

Autoridades de Seguridad informaron en una conferencia a la prensa nacional e internacional que la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticularon un intento por formar una pandilla estudiantil al detener de 46 jóvenes – 32 mayores de edad y 14 menores- señalados de agrupaciones ilícitas y de delitos de «naturaleza sexual».

El fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que las detenciones «se hicieron efectivas» la semana pasada y que, de acuerdo con las investigaciones, «se buscaba crear una estructura criminal para perturbar la paz y la seguridad en el país».

El funcionario dijo que los jóvenes estudiaban en diferentes institutos públicos de educación media y que «amenazaban a docentes, conspiraban para asesinar a policías» y que «también se dedicaban a la falsificación y alteración de moneda».

«No vamos a permitir que estas iniciativas prosperen, ni que nuestra juventud sea arrastrada nuevamente a la criminalidad. Este operativo lleva un mensaje claro, nadie, sin importar su edad, condición social o nivel educativo, está por encima de la ley», dijo Delgado durante su comparecencia en la que no permitió preguntas de la prensa.

Mientras, el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro, apuntó que «la investigación lo que refleja es una conducta típica y característica de una pandilla», con «una actividad criminal definida, que era la venta de droga al menudeo».

Añadió que los jóvenes detenidos «estaban retomando la denominada pandilla ‘La Raza’ que hacía muchos años había estado en estos institutos» de educación pública.

El operativo de detención se realizó con la aplicación del régimen de excepción contra las pandillas, el cual se ha convertido en la única medida de Gobierno contra estos grupos los últimos tres años.

Este régimen, que ha dejado la captura de más de 86,000 presuntos miembros de pandillas y supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por violentar derechos humanos.

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