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Jesuita Tojeira se jacta de relación entre sus abogados y la Fiscalía para reabrir acusación contra expresidente Cristiani y militares

El Jesuita José María Tojeira dijo que hay “una buena relación entre nuestros abogados (de los jesuitas) y la Fiscalía”

La Fiscalía General de la República (FGR) estaría preparando la acusación contra los supuestos autores intelectuales del asesinato de cinco jesuitas españoles y uno salvadoreño en 1989, dijo a periodistas el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), José María Tojeira.

«Fiscalía está trabajando en el requerimiento (acusación)» y «ha habido una buena relación entre nuestro abogados y la Fiscalía», señaló Tojeira, sin detallar la fecha en la que podría ser llevada ante los tribunales.

El jesuita, uno de los principales impulsores del proceso penal contra altos mandos del Ejército, señaló que la Cámara Tercera de lo Penal no ha resuelto un recurso de apelación presentado por uno de los defensores de los señalados.

Según el erector de la UCA, a dicha cámara «no le queda más remedio que dar el mismo criterio que dio el juzgado» que ordenó la reapertura del proceso, porque (según él y sin sostén jurídico) la masacre de los religiosos y dos de sus colaboradoras es un crimen fue lesa humanidad» y «la jurisprudencia salvadoreña afirma que son imprescriptibles, de manera que tendrán que ser llevados a juicio».

El pasado 17 de abril, el Juzgado Tercero de Paz declaró la «nulidad absoluta» del sobreseimiento de seis militares y el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y contra jurisprudencia y derecho internacional desechó las «excepciones» presentadas por los defensores de «cosa juzgada» y «falta de acción».

La resolución judicial se dio en respuesta a la petición de la entidad de la Universidad Centroamericana (UCA), en cuyo campus fueron ejecutados los religiosos, que dirige Tojeira y que fue presentada en noviembre de 2017.

Tojeira sostuvo en esa fecha que esta petición de reapertura no incluye a los «autores materiales» sometidos a una juicio en 1992 y en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos uniformados.

Los jesuitas de la UCA se movían libremente en las zonas en poder de las guerrillas.

Según las autoridades legales de la época, los jesuitas asesinados, liderados por Ignacio Ellacuría y “Nacho” Martín Baró, eran los líderes intelectuales de la agresión armada con la que grupos guerrilleros afligían a la población salvadoreña, cometiendo extorsiones, secuestros y asesinatos a civiles y combatiendo ferozmente a las autoridades en una guerra que dejó más de 70 mil muertes y miles de desaparecidos por ambos bandos, el ejército y la guerrilla.

El entonces presidente Alfredo Cristiani Burkard y el líder intelectual de la izquierda insurgente, Ignácio Ellacuría.

Además de Cristiani son acusados de planificar el crimen los militares en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, detenido en España por la causa y quien no será acusado de lesa humanidad de acuerdo a la ley internacional por carecer de méritos semejante acusación.

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.

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