El miércoles 22 de abril, en algún lugar no revelado de El Salvador, cientos de hombres rasurados, uniformados de blanco y con mascarilla siguieron por pantallas de videoconferencia su propio juicio. Afuera, no había prensa. Adentro, solo jueces de identidad reservada, fiscales con evidencia de 37,000 folios y el peso acumulado de once años de terror. Este es el momento que el presidente Nayib Bukele esperaba mostrarle al mundo: el juicio histórico contra la cúpula de la Mara Salvatrucha, la pandilla que durante décadas convirtió a El Salvador en uno de los países más letales del planeta.
Para entender el juicio, hay que regresar al 25 de marzo de 2022. En tres días, la «ranfla nacional» de la MS-13 ordenó la masacre de 86 personas en un solo fin de semana. Ese hecho detonó la instauración del régimen de excepción por parte del presidente Nayib Bukele, medida que ha sido renovada 49 veces. El país, que ese año llevaba un promedio de casi tres homicidios diarios, vivió su jornada más sangrienta desde la posguerra.
La respuesta de Bukele fue declarar la guerra a las pandillas y solicitar a la Asamblea Legislativa que aprobara el régimen de excepción, medida que suspendía garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el plazo de detención provisional —extendido de 72 horas a 15 días— y la inviolabilidad de las comunicaciones. La Asamblea, dominada por su partido Nuevas Ideas, lo aprobó de inmediato. Comenzaba una operación sin precedentes en la historia reciente de América Latina.
Lo que vino después fue una ola masiva de capturas. Bajo esta política, el gobierno ha capturado a más de 91,500 personas, equivalente al 2% de la población adulta del país. Para albergarlos, Bukele mandó construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023, una megacárcel con capacidad para 40,000 reclusos que se convirtió en símbolo visual de su política de seguridad y en referente para líderes de derecha en toda la región.
Los resultados en términos de violencia son, en papel, espectaculares. El Salvador registró en 2025 un total de 82 homicidios a nivel nacional, una reducción histórica. Para comparar, en 2015 el país registró 6,656 homicidios, con una tasa de más de 100 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo. Hoy, según el gobierno, esa tasa es de 1.3 por cada 100,000 habitantes, por debajo incluso de Estados Unidos.
El lunes 20 de abril de 2026, El Salvador dio inicio al juicio histórico contra 486 integrantes de la Mara Salvatrucha, entre ellos los máximos cabecillas de la organización criminal conocida como la «ranfla nacional». Las imágenes difundidas por la Fiscalía mostraron por primera vez en años a varios de los líderes nacionales de la MS-13. Entre ellos figura Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias «El Diablito de Hollywood», considerado el máximo jefe de la pandilla.
También presente está César Humberto López Larios, alias «Greñas de Stoners», quien enfrentaba un proceso en Nueva York antes de ser devuelto a El Salvador en negociaciones con el gobierno de Donald Trump. Su presencia en el banquillo salvadoreño fue posible gracias a una coordinación directa con la administración Trump, que ya había ganado fama de cooperar con Bukele en temas de seguridad regional.
La Fiscalía tampoco especificó sobre el período de duración del proceso. De los 486 imputados, 413 ya guardan prisión en el CECOT y se han girado órdenes de captura para 73 sujetos prófugos, quienes están siendo procesados en calidad de ausentes.
El martes 21 de abril, las sesiones continuaron. Y el miércoles 22, la Fiscalía General presentó pruebas testimoniales contundentes durante la continuación del juicio. Testigos clave incriminaron a los 22 máximos líderes de la «Ranfla Nacional» como los responsables de ordenar 9,043 hechos criminales, bajo la premisa judicial de que ningún miembro de la estructura actuaba sin instrucción directa de la jerarquía.
El cargo más novedoso y políticamente cargado fue el de rebelión. Por primera vez, el Estado salvadoreño acusó a pandilleros por ese delito, argumentando que intentaron mantener control territorial para establecer un «Estado paralelo», desafiando la soberanía nacional. Es la misma figura que el propio Bukele ha usado para comparar, sin ruborizarse, este proceso con los Juicios de Núremberg de 1945.
El juicio existe porque la ley fue transformada para permitirlo. Fueron reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado aprobadas por la Asamblea Legislativa —controlada por Nuevas Ideas— en el marco del régimen de excepción las que abrieron la puerta a estos procesos. Además de permitir la realización de juicios colectivos, se eliminó el plazo máximo de un proceso penal de 24 meses y se otorgaron poderes investigativos ampliados a la Policía Nacional Civil.
El resultado: la modalidad de audiencia abierta permite juzgar masivamente a los pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, procesando de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente. Un juicio que puede crecer indefinidamente. Una red que no tiene fecha de cierre.
Desde el inicio del régimen de excepción y ahora con el megajuicio, la comunidad internacional de derechos humanos ha alzado la voz con una coherencia que el gobierno de Bukele rechaza sistemáticamente.
Amnistía Internacional fue directa: estos megajuicios «plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las garantías del debido proceso, incluido el derecho a una defensa individualizada, la presunción de inocencia y el acceso a una representación legal adecuada», declaró Irene Cuéllar, investigadora para Centroamérica de la organización.
Human Rights Watch fue aún más contundente. Juan Pappier, subdirector para las Américas de la organización, dijo que estos juicios «carecen de garantías básicas del debido proceso y, por lo tanto, aumentan el riesgo de condenar a personas inocentes que no tienen nada que ver con las pandillas que han aterrorizado al país durante décadas.»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que expresó «serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción en El Salvador» y reiteró su pedido al Estado para «poner fin al uso continuado de esta medida».
Los números de lo que critican estas organizaciones no son menores. El propio Bukele dijo que 8,000 personas que eran inocentes han sido liberadas, mientras que organizaciones de derechos humanos han documentado la muerte de al menos 488 personas bajo custodia de las autoridades.
Amnistía Internacional documentó con precisión cómo se construyeron muchas de esas capturas: muchas detenciones se realizaron bajo imposiciones de cuotas diarias, acusaciones anónimas y factores discriminatorios como tener tatuajes o residir en comunidades estigmatizadas por la pobreza. En los más de 60 casos documentados, no se encontraron órdenes administrativas o judiciales ni investigaciones previas que sustentaran dichas detenciones.
Un juez salvadoreño, consultado anónimamente por medios regionales, advirtió sobre otro flanco: la existencia de una «atmósfera de presión» sobre los jueces, señalando que «el miedo a sanciones, represalias, a exposición pública o reproches está bien arraigado» y que «sin duda, eso afecta la calidad de la justicia y el servicio de una justicia independiente e imparcial».
Frente a todas estas críticas, existe una respuesta que Bukele blandea como su argumento más poderoso: la voluntad popular expresada en las urnas y en las encuestas.
La encuesta nacional de CID Gallup en marzo de 2026 muestra un 94% de aprobación ciudadana a la gestión del presidente Nayib Bukele, un récord en el país. El 89% de la población expresó sentirse orgullosa de la figura que representa Bukele, mientras que el 87% consideró que El Salvador «avanza en la dirección correcta».
Al cierre de 2025, el 62.8% de quienes apoyaban su gestión señalaron que lo hacían principalmente por la mejora en materia de seguridad. El estudio atribuyó la popularidad del mandatario a la disminución de la criminalidad (33%), a los cambios generales percibidos en el país (14.3%) y a la valoración positiva sobre su desempeño en términos globales (11%).
El respaldo ciudadano tiene raíces concretas. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública mostraba que en diciembre de 2019, el 70.4% de los encuestados decía que la delincuencia era el gran problema de los salvadoreños. Familias que por décadas pagaron extorsiones, enterraron hijos y no podían circular libremente en sus propias colonias ven en el CECOT y en este juicio algo que los gobiernos anteriores nunca les dieron: la imagen de los jefes pandilleros detrás de las rejas.
El propio gobierno responde a sus críticos con una lógica que resuena entre sus ciudadanos: la administración Bukele acusa a las organizaciones de «defender a delincuentes y no los derechos de los ciudadanos honrados.»
El debate que rodea este juicio trasciende las fronteras de El Salvador. El modelo de Bukele es citado como ejemplo por políticos de derecha en América Latina y Estados Unidos, cuyo presidente le ha dado su respaldo explícito. En todo caso, es un mandatario que está en la mira de muchos líderes de derecha de la región por encarnar un modelo de mano dura que le ha valido una alta popularidad en su país.
Pero los expertos advierten sobre el costo a largo plazo. Un informe de expertos advierte que las violaciones a derechos humanos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El documento fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas por un grupo internacional de especialistas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, lo sintetizó con dureza: «La prolongación del régimen de excepción y su normalización en la legislación reflejan una preocupante institucionalización de políticas que viola masivamente derechos humanos. Seguridad sin justicia y sin proteger a las personas inocentes no es una verdadera seguridad.»
El dilema es tan antiguo como la civilización y tan actual como el CECOT: ¿Puede una sociedad que fue sometida a terror aceptar que la solución a ese terror también suspenda garantías fundamentales? En El Salvador, el 94% dice que sí. El resto del mundo, todavía debate.
Lo que es indiscutible es que este juicio, sin fecha de cierre, con jueces anónimos y sin prensa adentro, escribirá un capítulo decisivo en esa respuesta.
