Luego de interminables negociaciones, la fracción legislativa del FMLN logró se aprobara con 71 votos el Presupuesto General de la Nación 2018 por 5.520,50 millones de dólares y autorizó al Ejecutivo la emisión de títulos valores por más de 350 millones para cubrir gastos extraordinarios del presupuesto.
El presupuesto no contó con el respaldo de cuatro diputados de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que votaron “a conciencia”, seguros de que el presupuesto autorizado es inconstitucional. Los diputados disidentes con su jerarquía política y con el resto de los parlamentarios de está fracción que sí avalaron el proyecto, criticaron que no es un «presupuesto ideal» para el país y no «responde a las necesidades más sentidas por la población salvadoreña».
El proyecto, que originalmente debía ser aprobado el 22 de diciembre de 2017, destina más de 2.412 millones de dólares para el gasto social y otros 960,9 para gasto corriente de la administración de Justicia y seguridad ciudadana, mientras que para el desarrollo económico se conceden más de 500 millones de dólares.
Para la deuda pública, la Asamblea Legislativa designó alrededor de 1.015 millones de dólares y para las «obligaciones generales del Estado» se destinan 150,5 millones de dólares.
Además, el documento establece un reparto de fondos públicos para ONG’s a través del presupuesto asignado a Educación, Salud y Cultura.
Asimismo, al Tribunal Supremo Electoral se le asignan un total de 4 millones de dólares para «apoyar» los comicios legislativos y municipales del próximo 4 de marzo.
Los diputados de izquierda, sus satélites y los “areneros” que los respaldaron también autorizaron al Ministerio de Hacienda para que emita títulos valores por más de 350 millones de dólares, «para financiar el Presupuesto General de la Nación».
La autorización de la emisión de títulos valores tuvo el respaldo de 62 de los 84 legisladores.
Tras la aprobación del presupuesto, en un discurso, evaluado por diputados “disidentes” que mantuvieron su posición de derecha, como “traición” al ideario d’Aubuissoniano, la diputada Margarita Escobar manifestó que «el pueblo está cansado de declaraciones de buena voluntad de parte de algunos colegas diputados que no son acompañadas con las acciones que se ejecutan (…) este presupuesto es reflejo de la falta de compromiso que se tiene con la población».
El Presupuesto General de la Nación 2018 fue consensuado en una sesión extraordinaria que se celebró este jueves y quedó en receso hasta este viernes, cuando fue reanudada a las 08.30 y en la que se decretaron tres recesos para que la comisión de Hacienda del Congreso y la fracción de Arena discutieran sobre el tema.
Los desacuerdos entre los dos partidos, de izquierda y derecha, impidieron su aprobación el año recién finalizado, tal y como marca la ley, ya que debió salir adelante el pasado 22 de diciembre durante la última sesión plenaria de 2017 o, a más tardar, el 23 de ese mes en una asamblea extraordinaria.
