El Fondo Monetario Internacional confirmó esta semana que el gobierno salvadoreño transfirió el control mayoritario de la billetera estatal Chivo a un operador privado, sin revelar su identidad ni el monto de la operación, en momentos en que persisten dudas no resueltas sobre la transparencia del proyecto Bitcoin y sobre el paradero real del equipo de minería de criptomonedas instalado por orden presidencial desde 2021.
En un comunicado divulgado el 3 de septiembre como parte de la segunda y tercera revisión combinada de su programa de financiamiento de 1,400 millones de dólares con El Salvador, el FMI afirmó que la propiedad mayoritaria y el control operativo de Chivo “han sido transferidos a un operador privado”, mientras el Estado conserva una participación minoritaria y la custodia de los activos de los usuarios. El organismo añadió que el incremento reciente en las reservas de bitcóin del país “refleja donaciones privadas” y no el uso de fondos públicos, y que no prevé nuevas compras estatales más allá de esas donaciones documentadas.
El anuncio no aclaró quién compró la mayoría de Chivo ni cuánto pagó por ella. Tampoco lo ha hecho el gobierno salvadoreño. El presidente Nayib Bukele salió a matizar el alcance de la operación en su cuenta de X, precisando que lo transferido fueron únicamente las acciones de Chivo y no la Reserva Estratégica de Bitcoin del país, que según registros oficiales de la Oficina Nacional de Bitcoin superaba las 7,764 unidades hasta esta semana, con un valor cercano a los 632 millones de dólares.
El vacío informativo no es menor si se considera la naturaleza jurídica de la empresa involucrada. Chivo, S.A. de C.V., fue creada en 2021 bajo un régimen que la exime de la Ley de Acceso a la Información Pública y de la fiscalización de la Corte de Cuentas, con un administrador único facultado para disponer de sus recursos sin restricciones adicionales, según ha documentado el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana. Esa arquitectura legal, sumada a que la Constitución exige autorización de la Asamblea Legislativa para conceder a privados la operación de servicios de utilidad pública, deja sin resolver una pregunta central: bajo qué control legislativo o judicial se negoció y ejecutó el traspaso de un activo que durante años administró fondos y datos de cientos de miles de salvadoreños.
No es la primera vez que Chivo queda en el centro de señalamientos legales. En 2023, la organización de derechos humanos Cristosal pidió a la Fiscalía General de la República investigar un presunto fraude millonario vinculado a la plataforma, identificando como posibles delitos la existencia de contratos y procesos declarados en reserva, la deshabilitación de mecanismos de seguridad y el hurto de identidad de usuarios, además de solicitar que se estableciera la cadena de mando responsable de las decisiones que afectaron el patrimonio público. Ese mismo año, el propio FMI había solicitado una auditoría de la empresa y del fideicomiso de Bitcoin (Fidebitcoin). Hasta la fecha no se ha divulgado públicamente el resultado de ninguna de esas dos gestiones.
El otro flanco sin esclarecer es el de la minería de bitcóin con energía geotérmica, uno de los símbolos más publicitados del proyecto cripto salvadoreño. Una investigación de El Diario de Hoy publicada en 2025 encontró que la cifra de 473.5 bitcoins supuestamente minados desde 2021, difundida por Casa Presidencial y replicada por medios internacionales, coincidía punto por punto —incluyendo hora y monto exactos— con los datos globales del pool de minería estadounidense USA Foundry, y no correspondía a actividad realizada en territorio salvadoreño. La única operación de minería documentada directamente por el gobierno, en octubre de 2021 en instalaciones de LaGeo en Berlín, Usulután, generó apenas 0.00599179 bitcoins, equivalentes a 269 dólares, un resultado que un catedrático de la Universidad de El Salvador calculó como deficitario en un factor de 17 veces frente al costo energético invertido.
El proyecto llamado a escalar esa minería, Volcano Energy, anunciado en 2023 con el asesor presidencial Max Keiser como presidente y una inversión inicial anunciada de 250 millones de dólares, tampoco ha mostrado resultados verificables: sus balances financieros presentados al Centro Nacional de Registros al cierre de 2023 reportaban activos de apenas unos miles de dólares, y hasta mayo de 2025 la empresa no había iniciado operaciones de minado pese a haber prometido arrancar en enero de ese año.
Con la información disponible públicamente no es posible determinar si estos hechos configuran responsabilidad penal para funcionarios específicos; eso corresponde a una investigación de la Fiscalía General de la República y, en su caso, a un proceso judicial. Pero el Código Penal salvadoreño sí tipifica con claridad las conductas que un manejo irregular de fondos o activos públicos podría activar: peculado, con penas de hasta 15 años tras la reforma de 2025; negociaciones ilícitas, con condenas de 12 a 15 años; incumplimiento de deberes; y enriquecimiento ilícito, sancionado de 5 a 15 años. Desde 2015, ninguno de estos delitos prescribe en El Salvador, lo que mantiene abierta en el tiempo la posibilidad de que sean investigados independientemente de cuándo ocurrieron los hechos.
