Unos 200.000 salvadoreños que residen en Estados Unidos como beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus respectivas familias, deberán abandonar el país en los próximos 18 meses, luego de que la secretaria de del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security -HSD-), Kirstjen Nielsen, decidió no renovar el programa hacia este país.
El TPS ha otorgado permiso de trabajo y exención de deportación a 262.528 ciudadanos salvadoreños, algunos de los cuales han logrado legalizarse permanentemente o se les ha revocado el permiso, según datos actualizados del Instituto de Política Migratora (MPI, en inglés).
El beneficio fue reanudado consecutivamente desde su expedición tras el terremoto de 2001 en El Salvador por periodos de 18 meses, bajo el gobierno de George W. Bush, y vence el próximo 9 de marzo. A partir de entonces, los «tepesianos» salvadoreños engrosarán las filas de indocumentados y perderán su capacidad de vivir y trabajar legalmente en el país, teniendo 18 meses para salir. De lo contrario, serán expulsados.
El TPS fue renovado durante todas las administraciones de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) desde que fue otorgado y en un gobierno del izquierdista FMLN.
Los afectados, establecidos en grandes números en Los Ángeles, Nueva York y Houston, enfrentan el riesgo de la deportación y la separación de sus familias (hay unos 273.000 hijos de estos salvadoreños nacidos en el país), si carecen de alguna otra alternativa migratoria. Se calcula que un tercio de los «tepesianos» es propietario de una vivienda en EEUU.
Poner fin a la protección también supondría un duro desafío para El Salvador, un país de 6,2 millones de personas con una economía dependiente de las remesas de los trabajadores en Estados Unidos. En la última década, cada vez más salvadoreños (muchos llegados como familias o menores sin acompañante) han entrado en Estados Unidos de forma ilegal a través de México, huyendo de la violencia y la pobreza.
El gobierno de Donald Trump ha anunciado durante su primer año de mandato la cancelación del programa DACA que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados llegados en la infancia, a partir del próximo mes de marzo, y los TPS de nicaragüenses y haitianos, a partir de enero y julio de 2019, respectivamente.
De igual forma, revisará el otorgado a unos 60.000 hondureños en julio, cuando vence una extensión de seis meses que se les otorgó.
Los inmigrantes de El Salvador son un gran porcentaje (60%) de los más de 436.000 favorecidos con este tipo de amparos en EEUU. Les siguen Honduras (86.031), Haití (58.557), Nepal (14.791), Siria (6.916) y Nicaragua (5.306).
«El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. No renovar el TPS y forzar a los salvadoreños que viven en EEUU a abandonarlo pondría en peligro a miles de vidas», advirtió el centro de estudios WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). De igual forma, organizaciones que protegen a los inmigrantes recuerdan que se trata de una comunidad económicamente activa que contribuye al país con impuestos y poder adquisitivo.
En ese sentido, una veintena de alcaldes, entre ellos los de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston, y unos 400 líderes de diversos credos religiosos instaron recientemente a Nielsen a extender el TPS para El Salvador.
Los alcaldes resaltaron las posibles pérdidas del PIB para el país por 164.000 millones de dólares en la próxima década.
Esta es la primera vez, desde que obtuvieron el amparo en 2001, que los beneficiados se quedan desamparados y sin poder obtener una extensión, en especial como consecuencia de las acciones políticas internas y externas llevadas a cabo por el partido oficialista, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuya gestión diplomática ha sido sistemáticamente en contra de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, como los ataques a la nación del norte por parte de diputados, funcionarios y dirigentes políticos de izquierda.
