A más de seis meses de haber presentado denuncias contra auxiliares fiscales y agentes policiales por la supuesta comisión de varios delitos en el procedimiento de arresto del empresario Enrique Rais (agosto de 2016), los abogados Silvia de Bonilla y Rafael Hernán Cortez solicitaron al jefe de la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado de la Fiscalía General de la República (FGR), Antonio Julián Méndez Quezada, un informe de los avances de las diligencias desarrolladas hasta la fecha.
Los días 26 y 31 de enero de 2017, representantes de Rais presentaron varias denuncias en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, sin embargo, “Ya han transcurrido más de seis meses sin que a la fecha se nos haya convocado en nuestra calidad a la realización de ninguna diligencia y desconociendo si se han realizado ya algunas de las solicitadas”, reclamaron.
En un documento proveído a medios periodísticos por los abogados del empresario Enrique Rais, se señala que no es la primera vez que se solicita la mencionada información, en dos oportunidades anteriores se ha pedido al fiscal Antonio Julián Méndez Quezada el informe de las diligencias desarrolladas, sin obtener respuesta alguna.
Según de Bonilla y Cortez, actualmente hay inseguridad jurídica en nuestro país, e increpan que si ellos presentaron denuncias dirigidas a la Unidad de Delitos Relativos a la Vida “porqué ésta se está diligenciando por la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado”.
En la denuncia, que fue presentada el 26 de enero de 2017 contra el agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Javier Anaya Cruz, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica y material por mentir en el acta policial sobre el lugar donde se produjo el arresto del señor Enrique Rais, los representantes legales del empresario pidieron que se realizaran entrevistas a distintos testigos y las certificaciones de varios documentos que forman parte del proceso en el Juzgado 8° de Instrucción.
De la misma manera, se requirió la certificación de los “libros de entradas y salidas” que consignan los movimientos de las personas detenidas y de los internos en la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) “del 21 al 24 de agosto de 2016, a efecto de establecer que mis representados nunca se encontraron en dicho lugar”, reza la solicitud de los abogados de Bonilla y Cortez.
Las abogados del empresario Rais han solicitado que se llame a declarar a Hugo Ernesto Ventura Montoya, José David Campos Ventura, Olimpia Elizabeth Rivera Cruz y José Mauricio Arrieta Gálvez.
En lo referido a la denuncia que se hizo contra Julio César Larrama Barahona, Xenia Lizerth Linares Rodríguez, Francisco Javier Anaya y Mario German Gómez, entre otros denunciados por el delito de Privación de Libertad por Empleado Público, Agente de Autoridad Pública y otros Ilícitos. También se pidió la certificación de las distintas actas y órdenes.
Del mismo modo se pidió que se solicite al juez 8° de Instrucción, Mario Mira Montes, certifique las actas de lectura de los derechos del empresario Enrique Rais y el resto de procesados cuando estaban en la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO).
En el documento se precisa que se necesita la certificación del acta del “Registro con Prevención de Allanamiento, realizado en los locales diez y once, del Condominio Balam Quitzé”, y de la orden judicial emitida por la jueza 14° de Paz de San Salvador autorizando “el allanamiento única y exclusivamente de la oficial del licenciado Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, ubicada en Paseo General Escalón, Condominio Balam Quitzé, segundo nivel, ubicada en el local número 11”.
Los abogados Silvia de Bonilla y Rafael Hernán Cortez le recordaron al jefe de la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado de la FGR, Antonio Julián Méndez Quezada, que en las denuncias presentadas contra fiscales y policías “la víctima directa es el mismo ESTADO y en otros la víctima es de carácter difuso”, y subrayaron que sus representados tienen la calidad de “Víctima Subsidiaria”.
Con respecto al fundamento del argumento anterior, los abogados de Rais solicitaron que “por la forma en que con tanta celeridad se está citando a nuestros representados entre una convocatoria y otra, aún a sabiendas por conocimiento general que estos por el momento están imposibilitados de comparecer por encontrarse resguardados por la vigente afectación en contra de su derecho sagrado de Libertad Ambulatoria, no sea utilizada por usted su inasistencia a comparecer como una estrategia para buscar archivar los expedientes en los cuales tienen la calidad de víctima subsidiaria”.
Los abogados de Bonilla y Cortez hicieron hincapié en que en este caso las declaraciones de su representado no son indispensables para el desarrollo de las diligencias para llevar a los tribunales la denuncia, en vista que en los documentos mencionados anteriormente “existen claras y evidentes falsedades” cometidas por los denunciados.
Algunas de las “falsedades” que se reflejan en los folios que forman parte del proceso se encuentran “la imposibilidad que la misma persona suscribiera tres actas distintas a tres personas distintas al mismo tiempo”, además del “hecho de que materialmente mis defendidos plasman que las actas se les llevaron para su firma un día después del que se plasma en ella”, externaron los abogados en el documento entregado en la FGR.
Las actas de la detención del señor Enrique Rais y el resto de los procesados en este caso muestran que es falso que se le haya arrestado en la DECO ya que “nunca fueron a la DECO, porque fueron detenidos en sede Fiscal de la jurisdicción de Antiguo Cuscatlán y luego fueron trasladados a las instalaciones de la DAN”, reiteraron los representantes legales del empresario.
