La organización izquierdista de fachada, Cristosal, pidió a dos instancias estatales que se frene la entrega «generalizada» por parte de las autoridades de Salud del antiparasitario ivermectina y del antiviral molnupiravir para el tratamiento del COVID.
Los representantes de la organización acudieron al Centro Nacional de Farmacovigilancia y al Consejo Nacional de Salud Pública para presentar su solicitud.
Ruth López, jefa de área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, indicó a periodistas que pidieron a las instituciones correspondientes que se pronuncien para «impedir que se sigan dando de manera generalizada estos medicamentos».
El Ministerio de Salud (Minsal) actualmente distribuye paquetes de medicamentos a las personas con infección de covid-19 o con prueba con resultado positivo. Dichos paquetes contienen el antiparasitario ivermectina y el antiviral molnupiravir.
López indicó que el molnupiravir, del que el Gobierno anunció a mediados de febrero la compra de 4 millones de dosis, debería de ser entregado únicamente bajo prescripción.
En el caso de la ivermectina, cuyo uso para tratar el coronavirus fue desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde marzo de 2021, «tiene una contraindicación clara» y es utilizado para el tratamiento de parásitos, apuntó la miembro de Cristosal.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, señaló en febrero que el molnupiravir «es un medicamento de última generación, es un medicamento que pocos países pueden tener».
Alabí añadió que este antiviral «no viene a sustituir a la vacuna».
El Gobierno salvadoreño habilitó recientemente la inoculación de una cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 para los mayores de 12 años.
El Salvador ha colocado 10.371.554 vacunas contra la covid-19, de las que 33,804 corresponden a la cuarta dosis.
Las autoridades han registrado durante la pandemia 161.052 casos oficiales, de los que 4.115 personas fallecieron, 141.145 se recuperaron y 15.792 se encuentran «activos».
A estos datos se suman 4.958 casos sospechosos, cifra en la que el Gobierno ha venido incluyendo a personas con síntomas y prueba de antígeno con resultado positivo para el coronavirus.