Fiscal General de la República afirma que la justicia es para todos más, con sus hechos, parece haberse rendido para su encubrimiento, a quienes ejercen hoy los cargos públicos, o sea que los funcionarios tienen capacidad de manipular en su favor, el sistema de justicia.
Se han presentado, entre el ocho de febrero y el dieciocho de noviembre del presente año, cuatro Avisos, por Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, en base a la Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993. El Señor Fiscal expresó en audiencia pública, ante la Sala de lo Constitucional, que había librado orden de captura contra los condenados y, luego amnistiados, autores materiales del asesinato de norteamericanos en el helicóptero de Lololique pero, el Aviso en tal sentido, ni siquiera tiene su número respectivo asignado, en el sistema computarizado de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Padre José María Tojeira, en una conferencia sobre Derechos Humanos, aseguró que en una reciente entrevista privada con el Sr. Fiscal General, Douglas Meléndez, éste le afirmó que tomaría una demanda “de cada lado”, lo cual irritó al Padre Tojeira, pues la UCA, había interpuesto contra militares ochenta y ocho acusaciones y, el Colectivo Víctimas del Terrorismo, sólo había interpuesto contra el FMLN cuatro Avisos, lo cual dejaría de la UCA, ochenta y cuatro demandas fuera. La UCA, pide nuevos procesos, directamente en tribunales, rompiendo así, la garantía del debido proceso, pero este procedimiento ilegal tiene como base la actitud del Fiscal de no estudiar los casos que se le presentan.
Hemos vuelto a las épocas oscuras del anterior Fiscal, cuando los poderes políticos ordenaban a dicho funcionario, cual debía ser su conducta y se investigaba ad hoc, o se engavetaban las investigaciones: la justicia, mercadería al mejor postor.
Las hermanas Pocasangre, asesinadas por el guerrillero Mayo Sibrián, quien operaba directamente bajo las ordenes del comandante Leonel, Salvador Sánchez Cerén, jefe de las FPL y actual presidente de la República.
La justicia debe responder a las víctimas. En nuestra Constitución, el monopolio de la acción recae en el Fiscal General de la República, de manera exclusiva y, su negligencia, culposa o dolosa, sólo abona más a la injusticia generalizada en El Salvador.
Las peticiones de justicia por Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra contra el FMLN no son de naturaleza electoral, sino de pleno ejercicio del Derecho.
Las acciones del Fiscal General de la República, al no investigar estos delitos, denotan tres posiciones: 1) considera que las acciones subversivas del FMLN, fueron lícitas, 2) que no hubo víctimas del FMLN, durante el conflicto armado y que, las víctimas existentes, se han auto-infringido el daño, 3) que los procesos por violaciones a los derechos humanos, durante el pasado conflicto armado, fueron exclusivos del Estado y de la Fuerza Armada.
Cuando el Fiscal niega la existencia de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra del FMLN, vuélvese cómplice encubridor de los hechores y crea la re-victimización de las víctimas, que ya no puede clamar justicia, por haber sido asesinados y, destruye lo último de la personalidad: la memoria de su vida y asesinato.
La memoria de la sociedad salvadoreña, solo pide que la justicia sea pareja y que, el Sr. Fiscal General de la República, asuma su responsabilidad constitucional y devuelva la memoria histórica de las víctimas. La falta de justicia, obligaría a recurrir nuevamente, a la Sala de lo Constitucional o a Tribunales internacionales.
La negativa de justicia, es el origen del caos social en que hoy vivimos y, es obligación de todo salvadoreño, denunciar los crímenes cometidos; más aún, si son de Lesa Humanidad o de Guerra, sobre todo, cuando las víctimas yacen en el sepulcro y sus deudos aún viven en el temor.
Publicado originalmente en DiarioLatino.net
