En menos de dos años, El Salvador ha experimentado una transformación constitucional sin precedentes en su historia reciente. Lo que comenzó como una modificación técnica a un artículo de procedimiento en abril de 2024 se ha convertido en una cadena de reformas que ha reconfigurado las reglas del juego político del país de manera profunda, acelerada y, según múltiples voces críticas, deliberadamente orientada a consolidar el poder del presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas de cara a las elecciones de febrero de 2027.
El primer eslabón fue el artículo 248. Hasta su reforma, la Constitución salvadoreña exigía que cualquier modificación a la Carta Magna pasara por dos legislaturas distintas, un requisito diseñado precisamente para que los cambios fundamentales al pacto social no pudieran hacerse de manera precipitada ni unilateral. La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas con una oposición reducida a apenas tres diputados, eliminó esa salvaguarda. A partir de ese momento, el texto constitucional quedó expuesto a ser reescrito en cuestión de horas o días, sin debate público, sin consulta ciudadana y sin necesidad de consenso entre fuerzas políticas distintas. Lo que antes era un proceso de maduración legislativa se convirtió en trámite exprés.
Las consecuencias no tardaron. En julio de 2025, aprovechando el mecanismo recién desbloqueado, la Asamblea aprobó una reforma que alteró cinco artículos clave de la Constitución: se habilitó la reelección presidencial inmediata e indefinida, se amplió el mandato de cinco a seis años, y se eliminó la segunda vuelta electoral. Este último cambio tiene una lectura estratégica evidente: sin ballotage, el partido con mayor votación relativa gana en primera ronda, lo que favorece a la fuerza política dominante frente a eventuales coaliciones de oposición. La reforma tuvo el respaldo de 57 de los 60 diputados. Los únicos tres votos en contra provinieron de la oposición. La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, declaró esa noche que «hoy ha muerto la democracia en El Salvador».
Pero el proceso no se detuvo ahí. En las últimas semanas, el gobierno ha impulsado dos nuevas reformas constitucionales que afectan de manera directa la arquitectura electoral del país. La primera modifica la composición del Tribunal Supremo Electoral, el organismo arbitral encargado de organizar y certificar los comicios. Antes de la reforma, tres de sus cinco magistrados debían provenir de ternas propuestas por los tres partidos con mayor votación presidencial, garantizando una cuota de representación para las fuerzas de oposición. El nuevo mecanismo elimina esa cuota y traslada la selección de esos tres magistrados a la propia Asamblea Legislativa, la misma cámara donde Nuevas Ideas ostenta mayoría aplastante. El oficialismo lo presenta como una «despartidización» basada en la meritocracia. Los críticos lo describen como una captura del árbitro electoral bajo otro nombre.
La segunda reforma crea una circunscripción electoral especial para la diáspora salvadoreña. El argumento oficial es de justicia representativa: más de tres millones de salvadoreños viven en el exterior, y sus votos hasta ahora eran absorbidos automáticamente por el departamento de San Salvador sin generar representación propia. La reforma al artículo 79 de la Constitución les otorga, por primera vez, la posibilidad de elegir sus propios diputados. El gobierno lo enmarca como un reconocimiento histórico a los connacionales que el Estado había ignorado durante décadas.
El problema no es el principio, sino la aritmética y el proceso. Dado que el número de diputados se mantiene fijo en 60, crear escaños para la diáspora implica quitárselos a los departamentos del territorio nacional. El gobierno ya presentó ante la Asamblea la distribución propuesta: San Salvador perdería cinco curules, pasando de 16 a 11, y La Libertad perdería una, bajando de 7 a 6. Los seis escaños resultantes se asignarían a la nueva circunscripción del exterior. La oposición señala una paradoja incómoda: San Salvador y La Libertad son precisamente los departamentos con menores tasas de emigración, mientras que los departamentos que expulsan más población —La Unión, Cabañas, Morazán, Chalatenango— no verán modificada su representación. En otras palabras, la reducción no responde a la lógica migratoria, sino a la lógica electoral: San Salvador y La Libertad son las circunscripciones donde el voto urbano es más disputado y donde la oposición tiene mayor presencia.
La organización de transparencia electoral Acción Ciudadana fue la más directa al señalar el fondo del asunto: advirtió públicamente que sería lamentable que esta reforma «solo se usara a la diáspora para obtener una ventaja electoral en las elecciones de 2027, debido a proyecciones electorales desfavorables en el voto nacional para el partido oficial». El diputado opositor Francisco Lira lo formuló sin rodeos: «Esta es una estrategia electoral para concentrar el poder y seguir manipulando el sistema electoral.»
Los números dan sustento a esa preocupación. En las elecciones de 2024, los salvadoreños en el exterior emitieron 331,756 votos y, según datos del Tribunal Supremo Electoral, hoy hay 960,928 ciudadanos con DUI domiciliado en el extranjero, de los cuales alrededor de 919,000 se encuentran en Estados Unidos. Históricamente, ese segmento ha tendido a votar en mayor proporción por el oficialismo, en parte por afinidad con la política migratoria del gobierno de Bukele y en parte por los vínculos directos que el Estado salvadoreño ha cultivado con las comunidades en el exterior a través de programas específicos. Construir una circunscripción propia para ese electorado, especialmente cuando el voto doméstico podría estar mostrando señales de desgaste, es una movida que los analistas difícilmente atribuyen a la generosidad cívica.
Lo que resulta aún más significativo es la ausencia total de consulta. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señaló en cadena nacional que «no se ha consultado a la diáspora» sobre si este modelo les parece representativo, y denunció que la bancada oficialista aprueba «llegue lo que llegue» del Ejecutivo. Tampoco hubo debate en plenaria antes de la primera aprobación de la reforma a finales de abril. La velocidad ha sido, en sí misma, parte del método: reformas que tocan los cimientos del sistema electoral salvadoreño se han votado en sesiones que no superan unas pocas horas, sin los periodos de deliberación pública que instituciones como Amnistía Internacional consideran indispensables para que cambios de esta magnitud cuenten con legitimidad democrática.
El patrón de fondo es difícil de ignorar. Cada ciclo electoral reciente ha venido precedido de una reconfiguración de las reglas: en 2023, meses antes de los comicios generales de 2024, se redujo la Asamblea de 84 a 60 diputados y se modificó la fórmula de asignación de escaños. Ahora, de cara a 2027, se reescribe la composición del árbitro electoral, se redistribuye la representación territorial y se construye un nuevo bloque electoral en el exterior. El abogado constitucionalista Mauricio Maravilla lo resumió con precisión: las reformas recientes no solo buscan ampliar derechos, sino también «generar mecanismos de concentración de poder», y la Constitución, que debería ser el principal acuerdo político de la sociedad, «está a merced de una decisión que puede tomarse en cuestión de horas».
La pregunta que queda abierta de cara a febrero de 2027 no es si Bukele tiene intenciones de competir —la reelección indefinida ya lo garantiza— sino si habrá condiciones reales de competencia. Con el árbitro electoral bajo control legislativo del oficialismo, con la segunda vuelta eliminada, con la representación departamental recortada en los lugares donde la oposición es más fuerte, y con una nueva circunscripción exterior diseñada para capitalizar el voto de la diáspora sin haberla consultado, el escenario que se perfila es el de unas elecciones que tendrán toda la forma de una democracia y, según sus críticos, cada vez menos de su contenido.
