El espectáculo político salvadoreño ha sumado un nuevo capítulo de incoherencia institucional. Lo sucedido con Ondina Ramos no es un simple incidente de la política local; es una estocada directa al sistema normativo, a la soberanía del elector y a la alicaída jurisprudencia electoral del país.
El itinerario del caso roza el absurdo. El pasado domingo, Ramos figuraba formalmente como militante inscrita en el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y competía en sus elecciones internas para la candidatura a la alcaldía de San Salvador Centro. Tras no ser favorecida por la votación de la militancia —y tras denunciar públicamente supuestas irregularidades e inconsistencias en el padrón partidario—, bastaron apenas 48 horas para que reapareciera ungida como la candidata oficial de otra fuerza política: el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En una jugada de pragmatismo exprés, fue inscrita y votada a favor por las estructuras internas de una agrupación que, desde hace años, funciona como un apéndice servil y funcional a la agenda del oficialismo.
Más allá del cálculo individual y de la falta de convicción ideológica de la protagonista, este episodio expone una vulneración flagrante a los criterios sentados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las sentencias históricas contra el transfuguismo político (como la Inc. 66-2013 y la Inc. 39-2016) no fueron caprichos jurisprudenciales; se fundamentaron en el principio de que el sufragio y la representatividad democrática no pueden ser objeto de mercado ni de oportunismo del momento. El transfuguismo fue calificado explícitamente como un fraude al elector y una traición a la voluntad popular.
Permitir que un aspirante salte de un padrón a otro en cuestión de horas —usando a los partidos políticos como meras plataformas de alquiler y violando los tiempos de democracia interna regulados por la Ley de Partidos Políticos— deja en evidencia dos realidades preocupantes:
- La complicidad de los entes de control: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los organismos rectores parecen mirar hacia otro lado cuando las maniobras convienen al ecosistema de partidos satélites que orbitan alrededor del poder de turno.
- La degradación de la oferta electoral: Las siglas de partidos con tradición, como el PDC, han quedado reducidas a franquicias dispuestas a matricular a cualquier figura despechada de otra trinchera, con tal de sumar cuotas de participación alineadas al discurso oficial.
Cuando la ley se aplica de forma selectiva y las reglas del juego democrático se acomodan a la conveniencia del momento, la jurisprudencia deja de ser un marco de fiel cumplimiento para convertirse en un mero adorno formal. El caso de Ondina Ramos no solo pone de manifiesto la falta de ética en la política salvadoreña; pone en jaque la credibilidad de todo el sistema electoral y demuestra cómo la ambición personal devora, sin escrúpulos, la institucionalidad del país.
Para ampliar el contexto sobre la denuncia pública efectuada tras el proceso interno, puedes revisar la cobertura del caso en este video: Denuncia de Ondina Ramos sobre elecciones internas. En este material se detallan las inconsistencias denunciadas en el padrón de afiliados previas a su posterior incorporación a otra planilla partidaria.
