El presidente de la República, Nayib Bukele, decidió vetar las “Disposiciones transitorias para regular el retorno de los salvadoreños que al momento de la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19 se encontraban fuera del país”
Bukele vetó las disposiciones que pretendían restaurar los derechos de miles de ciudadanos salvadoreños al forzar al Gobierno a facilitar el retorno de los salvadoreños que no pudieron reingresar al territorio nacional por disposiciones de la presidencia por la presencia del COVID-19 en El Salvador.
Las disposiciones fueron aprobadas el 1 de abril pasado por el Primer Órgano del Estado y establecían la creación de un protocolo de retorno a ser elaborado por el Ministerio de Salud.
Nayib Bukele rechazó la medida con el argumento que se difirió el ingreso de los salvadoreños al territorio nacional debido a la primacía del interés público sobre el interés privado de cada individuo, “especialmente cuando es el individuo quien puede convertirse en un vector vivo de infección de COVID-19 respecto de las demás personas que habitamos El Salvador”.
El equipo jurídico de la casa presidencial consideró que el decreto adolece de una «seria inconstitucionalidad estructural» y que sería una norma ineficaz, la cual afectaría la seguridad jurídica. Además lo considera una «inconsulta intromisión del Órgano Legislativo» en funciones del Ejecutivo a través del Ramo de Salud.
La consideración pretendería que el Ejecutivo está por encima de los otros Órganos del Estado, que son el Legislativo y el Judicial.
Según el mandatario, la Asamblea Legislativa no habría realizado las consultas para aprobar una «normativa real y jurídicamente aplicable», ni a Salud ni a Relaciones Exteriores.
El veto presidencial viene a conformar un nuevo descato de Nayib Bukele a una orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que le ha ordenado elaborar un plan de retorno de los salvadoreños y ha admitido al menos 17 demandas de amparo de salvadoreños varados en el exterior.
Según salvadoreños varados en el exterior, el Gobierno no les brinda asistencia adecuada ni respaldo diplomático y consular.
