Congresistas de EEUU y entidades internacionales piden a Bukele acatar las órdenes del Supremo salvadoreño
El jefe del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, Eliot Engels, llamó al presidente Nayib Bukele “a respetar los fallos judiciales de la Corte Suprema sobre el COVID-19”.
Engel lamentó el llamado al desacato de Bukele a la resolución de la Sala de lo Constitucional.
Los congresistas Jim McGovern y Patrick Leahy, se sumaron al mensaje de Engel y mientras McGovern afirmó que “proteger la salud pública y los derechos humanos básicos va de la mano”, Leahy consideró que “cada líder tiene la responsabilidad de unir a su país para combatir el COVID-19 de una forma que además proteja las libertades civiles y resguarde la independencia judicial, pilares fundamentales para una democracia”. El presidente Bukele “no es la excepción”.
Mientras, diversos organismos internacionales de derechos humanos pidieron al mandatario que acate una sentencia de Supremo en la que le ordena frenar las detenciones y confinamientos «forzosos» de quienes violen la cuarentena decretada ante la pandemia del COVID-19.
Los jueces constitucionales han prohibido a Bukele y a las autoridades de la Policía «privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria».
El Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional (IIDC)-Sección El Salvador llamó al jefe de Estado a que «ejerza su obligación de velar por la salud pública en el marco de la constitución y la leyes» y le pidió que «cumpla de inmediato con las órdenes judiciales emanadas de la Sala de lo Constitucional» de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, solicitó a los funcionarios de Gobierno «que, al margen de las órdenes que reciban de sus superiores, cumplan con la Constitución, las leyes y con las órdenes de la Sala de lo Constitucional».
«En un Estado constitucional y democrático de derechos las situaciones extraordinarias como la epidemia generada por el virus COVID-19 no habilitan para que los gobernantes violen la Constitución y los derechos fundamentales de las mismas personas a quienes dicen proteger de la epidemia», señaló dicho ente en un comunicado.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaudió la sentencia del Supremo y ha instado a las a autoridades de El Salvador a atender la pandemia con el pleno respeto de los derechos humanos.
Añadió que «la suspensión de derechos debe de atender a los principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y no efectuarse en forma contraria a los establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos».
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional también se ha pronunciado al respecto y recordó al Estado de El Salvador «su obligación de garantizar que las medidas que se adopten ante el COVID-19 tengan enfoque de derechos humanos».
La Sala de lo Constitucional sostuvo que sus fallos «no son peticiones, solicitudes ni meras opiniones sujetas a la interpretación o valoración discrecional de las autoridades a quienes se dirigen, sino que se trata de órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento».
También advirtió que «las actuaciones públicas que contradigan» sus fallos «violan la Ley Primaria y deben generar, sin excepción, la responsabilidad correspondiente».
Además, los jueces del Supremo delegaron al procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas.
También mandaron a la Policía y al Ejército a elaborar un registro de las personas privadas de libertad por violación de la cuarentena domiciliar y las condiciones, motivos y responsables de su detención.
