Los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa acordaron ampliar hasta abril de 2019 una serie de medidas «extraordinarias» de seguridad en las prisiones con pandilleros.
Sin embargo, pero la propuesta debe recibir el voto favorable de al menos 43 diputados de los 84 salientes de la actual Asamblea.
Según el presidente del órgano legislativo, Guillermo Gallegos, «si se ha pedido la prorroga, es porque hay resultados y se está combatiendo a las pandillas y no deberían hacerse modificaciones».
Gallegos -quien declaró que, por sus posturas sobre la seguridad y el crimen, fue amenazado por pandilleros y advertido de esas amenazas por dos fiscales generales en turno- insistió en que no puede quedarse «callado ante la delincuencia y ante el flagelo a la población de parte de estos grupos terroristas».
«Parece que existe una pena de muerte a la inversa de parte de los pandilleros hacia la población. El pandillero es cobarde por naturaleza porque actúa de noche, a traición y en grupo, pero cuando se les enfrenta como hombres huyen y lloran», puntualizó.
Las medidas más cuestionadas, que se suman al alto nivel de saturación del sistema carcelario salvadoreño, son la suspensión de las visitas de las familias y el aislamiento total de los reos en las celdas.
El Gobierno atribuye a estas medidas la reducción de los asesinatos en 2016 y 2017. Las mismas estuvieron acompañadas con un mayor despliegue militar, el endurecimiento de los operativos policiales y la creación de un comando elite de 1.000 elementos para dar caza a columnas armadas de pandilleros en la zona rural.
A pesar de esto, durante el primer trimestre de 2018, los asesinatos violentos se han incrementado al menos un 14 % con respetos a los acontecidos en el mismo lapso de 2017.
