La Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General de la Nación 2021 por 7,453.2 millones de dólares, un 16 % más que el aprobado para 2020, el cual ascendió a 6,426.1 millones, siendo los dos presupuestos más altos en la historia del país centroamericano.
El presupuesto, aprobado con 58 votos, no contó con el aval de los diez diputados de la populista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido con el que el presidente Nayib Bukele llegó al Ejecutivo.
El partido Cambio Democrático (CD), con un diputado, y el parlamentario independiente, Leornardo Bonilla, tampoco acompañaron y votaron no.
Sin embargo, votaron los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Concertación Nacional (PNC) y Demóocracia Cristiana (PDC).
El presupuesto fue avalado luego de que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Congreso modificarán la noche del el documento presentado por el Gobierno a través del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
El presidente Nayib Bukele se pronunció de inmediato en sus redes sociales y ha aseguró que dicho presupuesto es «inconstitucional». Además, Zelaya llegó a la sede de la Asamblea Legislativa, lanzando improperios y amenazas contra los diputados del Congreso y para dar una conferencia de prensa y acusar a los diputados de quitar del presupuesto fondos para la compra de computadores para estudiantes y para la vacuna contra la COVID-19, la cual, según la Organización Mundial de la Salud sería gratuita para El Salvador.
No obstante, los diputados también votaron para autorizar al Ejecutivo la adquisición de préstamos para tomar las medidas necesarias para enfrentar los efectos de la pandemia.
Con las modificaciones hechas al documento presentado por el Gobierno, se corrigió el propuesto a entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y se aumentan 20 millones de dólares a los fondos asignados a la Universidad de El Salvador (UES), que habían sido despojados del presupuesto que les corresponde de acuerdo a la ley.
Asimismo, se reorientan fondos para cubrir a totalidad la pensión de veteranos de la guerra y para aumentar la pensión mínima, la cual pasaría de 207 dólares a 304 dólares.
El documento del presupuesto ahora pasa a manos del presidente Bukele para que lo vete, lo sancione o lo avale, a pesar que ya advirtió que lo rechazaré.
El proyecto del Presupuesto que presentó el Ministerio de Hacienda contempla un déficit de $1,342.5 millones.
De acuerdo con los diputados de los partidos políticos con representación en el Congreso de la República, el presupuesto tal como fue presentado es inconstitucional, pues no presentaba el 6% correspondiente por ley a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al faltarle $51.8 millones; así como el 10% al Fondo para el Desarrollo Social de Municipios (FODES), al que le faltan $92.8 millones y que el Ejecutivo se ha negado a pagar durante ya 8 meses del 2020.
Las modificaciones incluyen aumentos presupuestarios también.
Los legisladores de ARENA comprobaron que el presupuesto existía una brecha de endeudamiento real que superaba la presentada por el Ejecutivo, pues había sobrestimación de ingresos y subestimación de gastos, esta última por más de $200 millones; es decir, la deuda para 2021 ascendería a $1,500 millones.
Los diputados destacaron las “partidas incompletas” y las ajustaron.
Se redujo inversión pública en $264 millones, pero los rubros de inversión social se dejaron intactos.
Las partidas que fueron aumentadas son:
Universidad de El Salvador – aumento de $20 millones.
Tribunal Supremo Electoral (TSE) – aumento de $5 millones para medidas de bioseguridad en elecciones 2021.
Fiscalía General de la República (FGR) – aumento de $7 millones para la labor en elecciones (fiscales electorales) en 2021.
Corte de Cuentas de la República (CCR) – $5 millones.
Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) – aumento de medio millón de dólares.
Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y Procuraduría General de la República (PGR) – $5 millones.
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) – aumento para pensión básica universal $10 millones.
Corte Suprema de Justicia (CSJ) – $51 millones.
FODES – $98 millones.
Pensión y programas para veteranos y excombatientes de guerra – $60 millones de aumento.
Por su parte, el ministro Zelaya acusó a los diputados de haber trastocado la inversión social, pero al ser consultados por periodistas sobre las partidas de dicho rubro que habrían sido modificadas en su detrimento, no manifestó siquiera una.
«Según la información que me han dado, a la Asamblea se le ocurrió recortar $264 millones de inversión pública, una de dos, o quieren recortar $214 millones para computadoras de nuestros niños o para cárcavas (…) al Ministerio de Obras Públicas”, dijo Zelaya sin especificar de que manera sertían dichos recortes.
“No sabemos qué quieren hacer con esos 264 millones”, agregó, a pesar que el presupuesto no es ejecutado por el Congreso, sino del Ejecutivo del que forma parte.
Zelaya se mostró criticó a que no se utilice la totalidad de los créditos para el presupuesto y que se otorgue financiamiento parcial a los gobiernos locales, alcaldías, para un trabajo más cercano a la población.
De esta manera, tanto el Ejecutivo como el Legislativo vuelven a dejar en manos del poder Judicial el dirimir una nueva disputa que muestra una vez más la incapacidad de ambos órganos de Estado para llegar a acuerdos en beneficio de la población.
