La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) ordenó el miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) intervenir ante posibles delitos en que habrían incurrido funcionarios del gobierno por exigir una prueba negativa de covid-19 para que salvadoreños y extranjeros residentes ingresen al país.
La Sala de lo Constitucional señaló en una resolución que fue “incumplida” una medida cautelar dictada el 14 de setiembre, en la que ordenó al gobierno no exigir la prueba del covid-19 a salvadoreños y extranjeros residentes que quieran ingresar al país.
La resolución es producto de un amparo presentado contra las autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
El 18 de septiembre la máxima autoridad constitucional de El Salvador advirtió al Ejecutivo que su insistencia en ese requisito lo exponía a consecuencias legales, lo que el gobierno de Nayib Bukele decidió ignorar.
El 19 de septiembre, día de la reapertura del Aeropuerto Internacional de El Salvador, los titulares de CEPA, Federico Anliker, y la DGME, Ricardo Cucalón, ratificaron el requisito. Este consiste en la presentación impresa de la prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR) a las aerolíneas, tres días antes de abordar el avión en el puerto del embarque.
Cuando el Gobierno “trasladó” la responsabilidad a las aerolíneas para que certifiquen la prueba negativa, con amenaza de una multa de $6 mil por pasajero que dejaran embarcar sin esta, advirtieron que se trata de “una forma fraudulenta de evadir el incumplimiento de la medida cautelar”.
La Sala expuso que presentará un informe a la FGR, certificando los delitos de desobediencia, actos arbitrarios, coacción, incumplimiento de deberes u otros, derivados del incumplimiento de la resolución. “Esa institución deberá investigar la autoría y participación de los posibles implicados”.
Los Magistrados dijeron que “ningún funcionario o particular puede arrogarse la atribución de dictaminar cuándo se ha cumplido una sentencia o resolución pronunciada por esta Sala, de ampliar o restringir el sentido y alcance de su ejecución o de señalar los cursos de acción que derivan de su cumplimiento”.
“Certifíquese a la Fiscalía General de la República el presente auto y las resoluciones de 14 y 18 de septiembre de 2020 ante la posible comisión de delitos ocurridos en el desarrollo de este proceso derivados del incumplimiento de dichas resoluciones”, señaló la Sala de lo Constitucional.
El tribunal recordó que sus decisiones son de acatamiento obligatorio y ordenó a la Fiscalía “investigar la autoría y participación de los posibles implicados” en las decisiones gubernamentales.
La Sala constitucional reiteró que la exigencia fue “un artilugio” para “transferir a particulares el ejercicio de un acto de autoridad, a fin de sortear la resolución judicial”.
“La operación descrita consistió en un subterfugio que erosiona el Estado de Derecho y, en la práctica, produjo el efecto de configurar de facto una prohibición de ingreso al país para los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva que no presentaron la prueba al intentar abordar la aeronave”, remarcó la Sala.
En respuesta, el presidente Nayib Bukele comentó que “los derechos a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño han sido violados reiteradamente por esta Sala. Habrá que certificarle eso al fiscal (general) Raúl Melara también”, volviendo a abrir el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Por su parte, el fiscal general de la República, Raúl Melara, escribió en redes sociales que «se ha abierto investigación por incumplimiento de resolución que ordenaba permitir el retorno de los salvadoreños al país».
