Los jueces constitucionales emitieron una sentencia en la que declararon inconstitucional la reforma, que recibió el rechazo de la comunidad internacional y que daba, a criterio de la Fiscalía, una «tregua a los corruptos».
La sentencia, que se dio en respuesta a una demanda presentada por el fiscal general, Douglas Meléndez, en octubre pasado, establece la inconstitucionalidad de la reforma «por vicio de contenido».
Uno de los puntos más cuestionados de dicha reforma fue el establecimiento de un período de prescripción para el inicio del proceso de extinción de dominio, pero los jueces consideraron que es «imprescriptible», porque «el hecho de que la adquisición ilícita de bienes tiene efectos permanentes».
Los diputados también limitaban la acción de extinción de bienes ilícitos basado en la presunción de un «incremento patrimonial injustificado» únicamente para las pandillas y el crimen organizado, y dejaron fuera los casos de corrupción.
Previo a la aprobación de las reformas, la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, señaló que ésta no cumplía «con las normas internacionales y eso es muy triste para El Salvador», porque era un «paso grande atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad».
Pese al rechazo recibido, incluido el de Estados Unidos y Reino Unido, el presidente del país, Salvador Sánchez Céren, sancionó la reforma promovida por los tres principales partidos políticos en el Congreso.
