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Presidente Bukele no ha ordenado la entrega de archivos militares de la guerra civil

El presidente de la República, Nayib Bukele, no ha ordenado a las Fuerzas Armadas la entrega de archivos sobre eventos ocurridos durante la guerra civil (1980-1992), pese a las constantes peticiones de las organizaciones pseudosociales que pertenecen a la ex guerrilla de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El viceministro de la Defensa, el coronel Ennio Rivera, dijo a periodistas el lunes que Bukele no ha dado la orden.

«Él está presto a colaborar que se apoye en las investigaciones, pero no es que haya un directriz especifica (de entrega de archivos) hacia los casos en particular», sostuvo el jefe castrense.

Las organizaciones conformadas por personas que fueron parte activa de la subversión que buscó destruir la democracia salvadoreña durante la guerra civil pidieron en julio pasado a Bukele que, «en su calidad de comandante general la Fuerza Armada», ordene que «se ponga a disposición de las autoridades» y víctimas los archivos de «relevancia para el esclarecimiento» de las violaciones a derechos humanos.

Las misma organizaciones esconden los archivos y documentos recabados sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el FMLN durante el conflicto armado, entre ellos mas de un mil asesinatos «purga», cometidos por el reconocido terrorista «Mayo Sibrián», que actuaba bajo las órdenes del ex presidente Salvador Sánchez Cerén.

Hasta la fecha, los juzgados del país solo han atendido a representantes de las víctimas en procesos penales contra mandos militares. Estos han señalado en diversas ocasiones que el Ejército se ha negado a entregar información relacionada.

Sin embargo, Rivera sostuvo que «la Fuerza Armada siempre ha sido abierta en colaborar en este tipo de hechos».

«Las peticiones que hace un juez o ya sea la Fiscalía se responden de igual manera y de forma expedita», aseguró el viceministro y recalcó que Bukele «está en el total apoyo de las personas que hayamos sido víctimas del conflicto».

La anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de julio de 2016 permitió la reapertura de varios procesos penales por violaciones a derechos humanos perpetradas en la guerra civil.

Entre estos casos se encuentran la muerte de campesinos colaboradores y miembros de la entonces guerrilla en El Mozote (1981) y el asesinato de seis padres jesuitas, líderes intelectuales de la subversión, en 1989.

Por los crímenes cometidos en la guerra civil purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por la matanza de los jesuitas, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por ejecutar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.

De los cientos de casos de secuestro, extorsiones y miles de asesinatos cometidos por las cinco organizaciones que conformaban al FMLN, no se persigue a los culpables, entre ellos ex comandantes guerrilleros que ahora poseen grandes fortunas, ni se realizan averiguaciones de masacres como la de «Hoja Seca» y otras donde soldados desarmados fueron torturados y muertos, ni el asesinato selectivo de lesa humanidad de familiares de militares y funcionarios públicos.

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