El irrespeto a la separación de poderes del Estado, violaciones a derechos civiles, uso de fuerza letal y vulneración a garantías democráticas son motivos dados a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que proceda con la activación de la Carta Democrática en El Salvador.
Casi una treintena de organizaciones salvadoreños firmaron la petición enviada al organismo internacional.
«Le trasladamos nuestra preocupación y rogamos que active los mecanismos y procedimientos necesarios previstos en la Carta de la OEA y los diversos instrumentos del Sistema Interamericano, para respetar y garantizar los derechos humanos, para la preservación de la institucionalidad democrática de acuerdo al artículo 17 y siguientes de la Carta. Como país nos ha costado mantener, fortalecer y desarrollar la democracia y, como sociedad, nos preocupa que esta se disminuya o desaparezca», es el llamado que le hicieron los solicitantes a la OEA.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) fue una de las que firmó la petición. Roberto Rubio, director de la Fundación, manifestó que es preocupante la recurrente desobediencia que el Ejecutivo muestra ante las órdenes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El último acto de desobediencia, de acuerdo con Rubio, fue la emisión del Decreto Ejecutivo 19 para declarar estado de emergencia nacional, esto ocurrió un día después de que la Sala dejara sin validez legal el Decreto Ejecutivo 18 que prorrogaban el Decreto Legislativo a través del que se había emitido un estado de emergencia ante la pandemia del covid-19.
Otro llamado que hicieron organizaciones de la sociedad civil fue dirigido a la Sala. Específicamente le urgieron a que certifique a la Fiscalía General de la República (FGR) por posible cometimiento del delito de desobediencia judicial por parte del Ejecutivo; esto por la emisión del Decreto #19.
«Consideramos que sí se están configurando posibles delitos como desobediencia o actos arbitrarios que debería de investigar la Fiscalía General de la República previa certificación de la Sala de que no se está acatando la resolución», consideró el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, defendió que el Decreto Ejecutivo 19 es legal pues no prolonga la vigencia de un Decreto Legislativo, como sucedió con el 18.
«Entendimos que debíamos sacar del derecho positivo lo que es el 18 y decidimos derogarlo y se emite un nuevo decreto que solamente establece y decreta el Estado de emergencia», dijo Castro, en una entrevista televisiva.
Debido a las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto 19, Castro dijo que respetarán si la Sala lo declara ilegal «pero si fuese una medida suspendiendo sus efectos, también que ese tribunal asuma la responsabilidad de lo que le suceda a la población salvadoreña».
El presidente Nayib Bukele anunció anoche que interpondrá demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la Asamblea Legislativa y contra la Corte Suprema de Justicia, por bloquear el acceso al derecho humano de la salud de la población.
Por su parte, el CIDH respondió al mandatario salvadoreño que sus intenciones son inadmisibles, pue el Ejecutivo no puede demandar a los otros dos Poderes del Estado salvadoreño.
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Con información de El Economista
