Bukele amenaza con una ofensiva militar en Haití si no liberan a cuatro aerotécnicos salvadoreños

El presidente advierte que recurrirá a la fuerza para rescatar a los desaparecidos, mientras unos 2,000 militares salvadoreños han sido desplegados en territorio haitiano. La operación podría desencadenar enfrentamientos de gran escala en un país donde las pandillas controlan amplias zonas y el Estado tiene una capacidad limitada para garantizar la seguridad

by Redacción LaGaceta503

Nayib Bukele lanzó una advertencia directa a las organizaciones criminales que operan en Haití: si no entregan con vida a cuatro aerotécnicos de la Fuerza Armada salvadoreña desaparecidos desde el 18 de octubre, sus tropas intentarán rescatarlos mediante una intervención armada.

«Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas», afirmó Bukele el jueves 29 de octubre durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, en la que también participó la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

El mandatario aseguró que la misión no tiene como propósito emprender una guerra contra las pandillas haitianas ni establecer una presencia militar permanente en ese país. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de una ofensiva contra las estructuras criminales que obstaculicen el rescate.

«Si se tardan, pues cada vez van a ser más acabadas, porque no vamos a ir a tocar la puerta y a pedir: “Con permiso”», manifestó.

Bukele sostuvo que la permanencia de los efectivos salvadoreños dependerá de la liberación de sus compañeros. Incluso aseguró que, si los cuatro son entregados con vida, las tropas podrían retirarse ese mismo día.

«Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde», declaró.

No obstante, el presidente no estableció un plazo definitivo para la liberación ni presentó públicamente información concluyente sobre el paradero de los desaparecidos.

La advertencia presidencial se produce en medio de un despliegue militar que ha adquirido dimensiones considerables.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó el miércoles 28 de octubre que el país desplegaría más de 2,000 efectivos en Haití para participar en la búsqueda y rescate de los cuatro aerotécnicos, así como en las acciones de seguridad contra las organizaciones criminales.

Alrededor de 2,000 militares salvadoreños se encontraban en territorio haitiano la noche del miércoles. Dos fuentes conocedoras del despliegue indicaron que el contingente podría alcanzar un máximo de 2,500 efectivos.

El tamaño de la operación resulta significativo si se considera que la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha tenido dificultades para alcanzar su propia capacidad operativa.

Todavía existen interrogantes sobre quién ejercerá el mando del contingente salvadoreño, cuáles serán sus reglas de enfrentamiento y cuánto tiempo permanecerá en Haití.

El Gobierno salvadoreño ha presentado el despliegue como una misión de rescate, pero su magnitud y las declaraciones de Bukele han generado preocupación sobre la posibilidad de que termine convirtiéndose en una intervención militar más amplia.

La emboscada que hizo desaparecer a los cuatro aerotécnicos

Los cuatro militares desaparecieron el domingo 18 de octubre, después de que el vehículo blindado en el que regresaban a su base fuera atacado por hombres armados en la localidad de Santo, en la zona de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Los efectivos formaban parte del contingente salvadoreño integrado a la Fuerza de Supresión de Pandillas y realizaban labores relacionadas con operaciones aéreas y evacuaciones médicas.

Según los informes militares divulgados después del ataque, el vehículo fue alcanzado por disparos y explosivos, hasta incendiarse. Los cuatro aerotécnicos consiguieron abandonar el automóvil en llamas, pero posteriormente se perdió contacto con ellos.

La Fuerza de Supresión de Pandillas confirmó el inicio de operaciones de búsqueda y señaló que los enfrentamientos y las condiciones de seguridad habían dificultado el acceso a la zona.

El presidente salvadoreño afirmó posteriormente que los cuatro habían sido secuestrados por organizaciones criminales, aunque no identificó públicamente a los responsables ni presentó pruebas concluyentes sobre cuál grupo los mantiene retenidos.

La desaparición desencadenó operaciones de búsqueda por tierra y aire, incluso con apoyo de helicópteros salvadoreños. Los informes iniciales señalaron que las aeronaves también recibieron disparos.

El peligro que puede representar la amenaza para los cuatro desaparecidos

La advertencia de Bukele plantea un dilema particularmente delicado: mientras el Gobierno salvadoreño busca demostrar que no abandonará a sus militares, una ofensiva directa podría aumentar el peligro para quienes pretende rescatar.

En operaciones de este tipo, la utilización de la fuerza puede provocar distintas reacciones de los captores: trasladar a los rehenes, ocultarlos en otras zonas, utilizarlos como escudos humanos o tomar represalias si consideran inminente un ataque.

No existe información pública suficiente para determinar si los cuatro aerotécnicos continúan juntos, si están en poder de una sola organización criminal o si permanecen con vida. Por esa razón, cualquier operación de asalto tendría que afrontar un problema fundamental: actuar sin tener certeza sobre la ubicación y las condiciones de los desaparecidos.

A esto se suma que los aerotécnicos no fueron desplegados originalmente como una unidad de asalto terrestre contra pandillas. Bukele ha insistido en que son especialistas de aviación cuya función principal es participar en evacuaciones médicas y operaciones para salvar vidas.

La diferencia no es menor. Una misión de rescate exige inteligencia precisa, coordinación con las autoridades locales, identificación de los objetivos y procedimientos que reduzcan al mínimo el peligro para los rehenes.

Una operación de combate en territorio controlado por organizaciones armadas, sin información confiable sobre los desaparecidos, podría terminar con un desenlace contrario al que busca el Gobierno salvadoreño.

Haití no es El Salvador: un escenario criminal mucho más complejo

Bukele comparó las organizaciones criminales haitianas con las pandillas que dominaron territorios salvadoreños antes de la ofensiva gubernamental iniciada en marzo de 2022.

«Nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo», afirmó.

Sin embargo, la situación haitiana presenta características institucionales, territoriales y militares muy diferentes.

En Haití, las organizaciones criminales no se limitan a extorsionar o controlar comunidades. Algunas mantienen estructuras armadas con capacidad para disputar territorios, bloquear carreteras, atacar instalaciones estatales y controlar corredores estratégicos de transporte y abastecimiento.

La ONU ha documentado la expansión de la violencia hacia distintas regiones del país, incluso fuera de Puerto Príncipe. El 25 de agosto, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití informó que durante el segundo trimestre de 2026 se registraron al menos 1,408 personas asesinadas y 656 heridas por la violencia.

Otro informe de Naciones Unidas, divulgado en octubre, advirtió que las pandillas continúan adaptándose y expandiendo su presencia, pese a las operaciones de seguridad, mientras la fuerza internacional todavía está lejos de alcanzar la capacidad necesaria.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también ha advertido sobre los riesgos que representan tanto la violencia de las organizaciones criminales como las respuestas de seguridad que no respeten las garantías fundamentales.

En consecuencia, una intervención salvadoreña no se desarrollaría frente a estructuras criminales equivalentes a las pandillas que operaban en El Salvador, sino en un escenario de fragmentación del poder, instituciones debilitadas y organizaciones armadas con capacidad territorial.

El antecedente de los restos humanos encontrados en Haití

La incertidumbre sobre el destino de los cuatro militares aumentó después de que una organización humanitaria entregara restos humanos a la Fuerza de Supresión de Pandillas el 25 de octubre, ante la sospecha de que podrían corresponder a los salvadoreños desaparecidos.

La GSF confirmó oficialmente que había recibido esos restos, pero aclaró que no estaba en condiciones de confirmar su identidad.

Bukele, por su parte, aseguró que los restos no correspondían a sus cuatro aerotécnicos. Según su explicación, entre los cuerpos había un menor de edad, un hombre de estatura considerablemente superior a la de los militares salvadoreños y una persona que vestía parte de un uniforme de otro ejército.

Sin embargo, las informaciones publicadas por The Washington Post señalaron que los restos estaban severamente afectados por el fuego y que se requerían pruebas forenses y análisis de ADN para establecer su identidad.

La diferencia entre las declaraciones presidenciales y la falta de confirmación científica mantiene abierta una de las interrogantes más dolorosas del caso: qué ocurrió realmente con los cuatro militares después de abandonar el vehículo incendiado.

Una escalada que también puede poner en peligro a la población haitiana

El despliegue salvadoreño plantea otra preocupación: las consecuencias que una ofensiva militar podría tener para los habitantes de las comunidades donde operan las pandillas.

Las organizaciones criminales mantienen presencia en zonas densamente pobladas. Por tanto, los enfrentamientos podrían desarrollarse en espacios donde viven miles de civiles que no participan en el conflicto.

Reuters advirtió que el despliegue salvadoreño ha generado interrogantes sobre las reglas de enfrentamiento y la estructura de mando de las tropas. También recogió preocupaciones de analistas sobre los riesgos de reproducir en Haití estrategias de seguridad aplicadas en un contexto nacional diferente.

La experiencia internacional demuestra que las operaciones contra organizaciones armadas en territorios urbanos pueden ocasionar víctimas civiles, desplazamientos y daños a infraestructura, incluso cuando el objetivo declarado es recuperar rehenes o restablecer el control territorial.

En este caso, además, Haití tiene antecedentes de intervenciones extranjeras cuyos resultados han sido cuestionados por sus consecuencias políticas, sociales y humanitarias.

Bukele convierte el rescate en una confrontación entre el bien y el mal

Durante su conferencia, el presidente salvadoreño también recurrió a un discurso religioso para describir el enfrentamiento con las organizaciones criminales haitianas.

«Nosotros estamos del lado del bien y ellos están del lado del mal», manifestó.

El mandatario aseguró que algunas pandillas practican rituales satánicos y sacrificios humanos, aunque no presentó pruebas específicas durante su intervención para sustentar esas afirmaciones.

Este tipo de declaraciones refuerza el carácter político y simbólico que Bukele está otorgando a una operación que inicialmente fue presentada como una misión de recuperación de personal especializado.

La comparación con la experiencia salvadoreña también tiene un componente político: el presidente proyecta internacionalmente el modelo de seguridad que ha sido uno de los principales pilares de su popularidad interna, pero que ha recibido cuestionamientos de organismos de derechos humanos por detenciones arbitrarias, falta de garantías judiciales y denuncias de abusos durante el régimen de excepción.

Haití, sin embargo, no dispone de las mismas condiciones institucionales, territoriales ni operativas que El Salvador. La capacidad de una fuerza extranjera para desarticular organizaciones criminales en ese país no puede medirse únicamente por los resultados obtenidos en Centroamérica.

El costo de una promesa presidencial

La amenaza de Bukele coloca al Gobierno salvadoreño ante una disyuntiva de alto riesgo.

Si opta por una intervención armada de gran escala, podría desencadenar enfrentamientos con organizaciones que conocen el terreno, disponen de armamento y mantienen redes de control territorial. Los cuatro aerotécnicos podrían quedar expuestos a represalias, mientras los soldados enviados para recuperarlos enfrentarían un escenario de combate que no necesariamente corresponde a sus funciones originales.

Si, por el contrario, la operación se prolonga sin resultados, aumentará la presión política sobre el mandatario, especialmente porque ha presentado públicamente el rescate como una demostración de la capacidad y determinación del Estado salvadoreño.

Hay también una cuestión que no puede quedar al margen: el Gobierno debe explicar bajo qué estructura de mando operarán los miles de efectivos, qué reglas de enfrentamiento deberán cumplir y cuáles son los mecanismos para proteger a los civiles haitianos.

El presidente ha prometido que sus tropas regresarán el mismo día en que los cuatro aerotécnicos sean entregados con vida. Pero esa promesa no resuelve la dificultad central: rescatar a cuatro militares desaparecidos sin convertir su búsqueda en una operación que pueda costar muchas más vidas.

La verdadera prueba de esta misión no será demostrar que El Salvador puede desplegar miles de soldados en el Caribe, sino conseguir que sus cuatro ciudadanos regresen con vida, sin provocar una escalada militar de consecuencias imprevisibles para Haití.

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