El exembajador de Guatemala ante Washington D.C., EE.UU. (2013-2015), Julio Ligorría, recibió un revés legal al ser ordenada su captura por supuestamente organizar una reunion para lograr financiación ilícita destinada a la campaña electoral que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina, en prisión preventiva por corrupción en 2011.
Un juez emitió la una orden de captura contra Ligorría luego de recibir las pruebas recabadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El titular de la CICIG, Iván Velásquez, explicó que Ligorría fraguó una reunión en México con el multimillonario Carlos Slim Elú, dueño de América Móvil (cuya filial guatemalteca es Telgua-Claro), Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, para demostrar cercanía y atemorizar a la competencia, Tigo.
Según Julio Carlos Porras Zadik, exgerente de Telgua-Claro condenado en junio por financiamiento electoral, el fin era aprovecharse de un litigio que ambas empresas mantenían y que se solucionó cuando la filial de Slim igualó a Tigo en sus contribuciones a la campaña del Partido Patriota (PP), que llevó al Gobierno a Pérez Molina, con un pago de 15 millones de quetzales.
Este pago supuestamente formaba parte de una estrategia «político-comercial» de Telgua diseñada por Ligorría para tratar de resolver el litigio con Tigo, que le reclamaba a la filial de Slim 400 millones de dólares desde 1998.
Durante el Gobierno de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), presidido por Álvaro Colom, Telgua no obtuvo ninguna resolución favorable porque, supuestamente, Tigo «había comprado influencias en las diferentes instancias judiciales» del país y su dueño, Mario López, tenía muy buena relación con el Gobierno.
Fue así como Telgua contrató «los servicios de Ligorría», que fraguó la reunión a alto nivel en México e hizo girar las fotos de la misma por las redes sociales, lo que pronto provocó que Tigo, que veía acercamiento con los futuros gobernantes (Pérez Molina y Baldetti), solicitara una reunión para llegar a un acuerdo con la empresa de Slim.
El de 2 de septiembre de 2011, menos de un mes después del encuentro, Telgua y Tigo «firmaron un contrato de transacción y finiquito del litigio por los 400 millones de dólares» y se solucionó el problema de Telgua «financiando al Partido Patriota», manifestó el comisionado.
«De esta forma se evidencia cómo las relaciones de poder político estatal y empresarial se influyen y utilizan mutuamente para el desarrollo de prácticas de competencia comercial malsana para la perversión de los modelos democráticos de elección de funcionarios y de ejercicio de poder del Gobierno», dijo el titular de la CICIG.
Ligorría es un asesor y estratega político que fue nombrado embajador por el expresidente Pérez Molina -en prisión preventiva por varios casos de corrupción- el 28 de agosto de 2013, un cargo que ocupó hasta 2015.
El exdiplomático fue galardonado con el premio Reed Latino 2015 por el manejo de la crisis migratoria de los niños no acompañados que llegaron a la frontera sur de EE.UU. en 2014.
En 1989 fue fundador de la empresa Interimage Latinoamericana S.A., entidad que presidió hasta que fue juramentado en el cargo público y que, según su página web, presta servicios de consultoría en comunicación y asuntos públicos a empresas multinacionales y Gobiernos de toda América Latina.
En Guatemala destacó como asesor de los expresidentes Álvaro Arzú (1996-2000), Oscar Berger (2004-2008) y Pérez Molina (2012-2015).
El caso de Ligorría forma parte de la financiación ilegal del PP en 2011, que se fraguó en empresas relacionadas con el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.
Sinibaldi fue acusado hoy de dirigir una red de corrupción en la construcción de obras e infraestructura que cobró sobornos por más de 13 millones de dólares.
En la siguiente campaña, en la de 2015, cuando el exministro -prófugo por otro caso de corrupción- se iba a postular como presidente por el partido oficial, empresas vinculadas a su persona, que mezclaron fondos lícitos e ilícitos, canalizaron recursos hacia su campaña «cerrando un verdadero círculo vicioso de corrupción».
«Los recursos del Estado extraídos ilícitamente se destinan a campañas electorales para lograr la elección de candidatos que al llegar al poder reproducirán el esquema corrupto», indicó Velásquez.
