La organización no gubernamental International Crisis Group instó hoy al Estado de El Salvador a aplicar medidas legales, gestionar recursos económicos y modificar sus políticas sociales, con el fin de evitar «mayor propagación» de la violencia de pandillas y la migración indocumentada.
International Crisis Group concluyó, tras un estudio realizado en el país, que el Gobierno debe «equilibrar la inversión entre la aplicación de la ley, el fortalecimiento institucional y la prevención de la violencia».
La organización instó al gobierno salvadoreño a aprobar un marco legal para la rehabilitación, «con especial énfasis en la reinserción a la sociedad de los expandilleros, en colaboración con ONG locales y la Iglesia».
Asimismo, consideró necesario el reconocimiento oficial por parte del Ejecutivo, de la existencia del desplazamiento forzado e implementar «soluciones duraderas para abordarlo», así como mecanismos de protección para las víctimas.
Para Crisis Group, también es necesario que las autoridades permitan visitas de organizaciones humanitarias a las cárceles de alta seguridad, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de los reclusos.
La entidad, instó, además, a «institucionalizar por orden ejecutiva reuniones mensuales entre el gabinete de seguridad y grupos de derechos humanos para monitorear las supuestas violaciones» de los mismos por parte de las fuerzas de seguridad.
Además, urgió a crear protocolos de coordinación «más robustos» entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) y fortalecer la unidad de control interno del cuerpo de seguridad para garantizar «que los sospechosos de acciones extrajudiciales rindan cuentas».
Por otra parte, la organización instó a la Asamblea Legislativa a promover los «esfuerzos multipartidistas» en materia de seguridad y apoyar al Gobierno en la implementación de planes enfocados a conseguir un país más seguro.
También considera que el Congreso debe «revisar la distribución de recursos en el poder judicial para garantizar que estén basados en la intensidad de la actividad delictiva antes que en criterios administrativos» y estabilizar el financiamiento de la Fiscalía General otorgándole un porcentaje fijo del presupuesto estatal anual.
Crisis Group señala que la Fiscalía, con estos recursos, podría monitorear las desapariciones forzadas que se registran en El Salvador.
La Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18 controlan diversas zonas del país y mantienen atemorizadas a miles de familias, que se ven obligadas a abandonar el país a causa de la inseguridad, sin que los actuales gobernantes hayan logrado poner coto a la lacra de la violencia.
