El pleno de la Asamblea Legislativa decidió el jueves mantener la inmunidad constitucional al expresidente de este órgano de Estado y diputado Norman Quijano, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de negociar votos con las pandillas en el marco de las elecciones presidenciales de 2014.
La solicitud del Ministerio Público de quitar el fuero a Quijano no alcanzó el minino de 43 votos requeridos y se quedó únicamente con 41 votos, la mayoría del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), por lo que no tendrá que enfrentar un proceso penal por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
A Quijano le bastaba que 33 de los diputados de su partido, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), no votaran a favor de la iniciativa para mantener su inmunidad, sin embargo un pacto entre el FMLN y el oficialista GANA no fue suficiente.
El diputado nombrado como fiscal, Jorge Mazariego, y el abogado defensor de Quijano, Delmer Rodríguez, coincidieron en sus alegatos que la Fiscalía no presentó, a su juicio, elementos suficientes para avanzar a instancias judiciales.
La legisladora Cristina Cornejo, del FMLN, explicó que el proceso en el Congreso «no es un juicio de culpabilidad o absolución» y que «se limita a declarar si hay o no lugar a formación de causa».
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a finales de enero retirar el fuero constitucional a Quijano para que enfrente un proceso penal por supuestamente pedir votos a las pandillas a cambio de dinero en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, en las que corrió por ARENA.
«Nunca negocié con pandilleros, no busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de una elección», dijo Quijano en una rueda de prensa el 28 de enero pasado.
De acuerdo con la acusación, el legislador se reunió con supuestos líderes de pandillas para buscar su apoyo y ganar las elecciones presidenciales en las que finalmente se impuso el expresidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN.
Durante un juicio en el que fueron condenados más de 300 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en 2019, un delincuente sanguinario que tomó la FGR como testigo, identificado únicamente como «Noé» señaló que Quijano negoció dinero a cambio de votos para ARENA.
Uno de los elementos que llevó al Ministerio Público a investigar a Quijano fue un vídeo entregado por el referido testigo protegido en un juicio y que fue proporcionado a los diputados como prueba, según quienes han visto el vídeo no se muestran en ningún momento las acusaciones.
Otro de los políticos salpicados por las supuestas compras de votos a las pandillas es el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a quien el mismo testigo atribuyó la entrega de 69.000 dólares en 2015.
Muyshondt, vinculado a los pactos con pandillas desde 2016 por publicaciones periodísticas, asegura que no entregó dinero a las estructuras criminales.
El alcalde de San Salvador, junto a los exministros de Seguridad y Gobernación, Benito Lara y Arístides Valencia, respectivamente, enfrentan una investigación judicial dictada en febrero pasado, pero esta no ha progresado.
