Nicaragua anunció el martes que concedió la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien se refugia en la nación centroamericana desde hace casi tres años evitando a la justicia de su país, que lo requiere por delitos de peculado, lavado de dinero y otros.
La Corte Suprema de El Salvador avaló en marzo la petición de extradición de Funes, pero a la fecha no ha sido solicitada al ser bloqueada por un continente de magistrados del Supremo que pertenecen o simpatizan con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Al asumir la presidencia en junio, Nayib Bukele, prometió que en 90 días pondría ante la justicia salvadoreña al exmandatario.
«Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su gobierno, ni en años la extradición será posible. La extradición está prohibida por la Constitución (nicaragüense)», dijo burlonamente Funes en su cuenta de Twitter tras conocerse la decisión del gobierno de Nicaragua.
El gobierno salvadoreño no emitió comunicado alguno sobre el asunto.
De acuerdo con la Constitución de Nicaragua, sus ciudadanos no pueden ser extraditados desde su país a otra que los reclame, pero sí pueden ser juzgados en su territorio por delitos realizados en otra nación.
Además de Funes, quien asegura que las pruebas en su contra fueron fabricadas por la fiscalía salvadoreña, su esposa y dos de sus hijos también recibieron la nacionalidad nicaragüense.
Esos familiares de Funes, quien gobernó el país entre 2009 y 2014, también son requeridos por la justicia salvadoreña por los mismos delitos que el expresidente.
Las redes sociales explotaron con críticas a la nacionalización de los prófugos Funes y familia, mientras el diputado del FMLN, Damián ALEGRÍA, dijo con respecto a la nacionalidad nicaragüense de Mauricio Funes que «Se siente amenazado, por supuesto tiene derecho a pedir que lo nacionalizen en otro lugar… Es evidente que había amenaza contra él».
