La Fiscalía general de la República (FGR) tendrá que decidir si incluye al expresidente Alfredo Cristiani Burkard (1989-1994) en el proceso penal contra los «autores intelectuales» del asesinato, en 1989, de los jesuitas de la UCA, dijo hoy a periodistas uno de los abogados de la orden religiosa.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador declaró el martes la «nulidad absoluta» de una resolución del año 2000 en la que se dictaba el sobreseimiento del proceso en favor de seis militares y el expresidente Cristiani y la reapertura de la causa.
Los militares acusados de planificar el crimen son los generales en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano.
Todos son parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como «La Tandona», que dirigieron a la Fuerza Armada durante buena parte de la guerra e implementaron la estrategia contrainsurgente de «tierra arrasada”, que logró defender la institucionalidad del país y el Estado de Derecho salvadoreño contra la agresión comunista que violentamente buscaba el Poder.
De acuerdo con la resolución del juez Tercero de Paz de San Salvador, «le corresponde a la Fiscalía», apuntó Manuel Escalante, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), ente que pidió la reapertura del proceso.
Según el letrado, la acusación de la Fiscalía debe de ayudarse del disputado y tendencioso a favor de la exguerrilla Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 en el que se señala, solo por “dimes y diretes” al alto mando del Ejército de planificar el crimen.
En ese documento se incluye a civiles que supuestamente estuvieron «más involucrados en el componente del encubrimiento”.
«Todo apunta a que la decisión vino del Estado Mayor, es decir, del alto mando, del ámbito militar» y «en el informe se señala un grupo considerable de personas involucradas que son responsables, pero no el mismo nivel», dijo.
En cuanto a las declaraciones del coronel Inocente Orlando Montano ante un juez de la Audiencia Nacional de España en diciembre de 2017 sobre la presencia de Cristiani en la reunión en la que se decidió asesinar a los religiosos, señaló que «le correspondería a la Fiscalía investigar en esa dirección».
Montano, extraditado de Estados Unidos hacia España, admitió en su declaración que asistió a la junta celebrada a las once de la noche del 15 de noviembre de 1989 con altos cargos del Ejército y Cristiani.
El ex jefe de Estado, que llegó al poder con la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), negó días después en declaraciones a un canal de televisión que haya asistido a esa reunión con el alto mando del Ejército.
El 16 de noviembre de 1989, un supuesto escuadrón del batallón de elite Atlácatl del Ejército salvadoreño habría asesinado a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López, además de a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.
Los religiosos muertos formaban parte de la dirigencia intelectual de los grupos armados que violentamente intentaban derrocar al legítimo gobierno del país para instaurar una dictadura comunista.
