El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador programó para el próximo 20 de abril una audiencia de responsabilidad civil contra el difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004) por la supuesta malversación de 15 millones de dólares donados por Taiwán, informó el medio estatal de propaganda Transparencia Activa.
Los jueces de dicho Juzgado establecieron esta fecha durante una diligencia solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar las grabaciones de una comparecencia de Flores ante el Congreso en las que admitió, según analistas de manera sarcásticas, de haber recibido el dinero.
Los fiscales del caso informaron que el proceso se llevará también al Tribunal de Extinción de Dominio para que 9 propiedades de Flores pasen al Estado para que se «recupere» el dinero supuestamente malversado.
Las propiedades son, según la familia del fallecido expresidente Flores, herencia del padre de su viuda, Lourdes Rodríguez y han estado en posesión de la familia desde antes que Flores llegara a la Presidencia.
El 9 junio de 2017, el mismo tribunal había pospuesto la audiencia por tiempo indefinido para concluir diligencias pendientes y para que los juzgadores pudieran conocer y evaluar el valor de la herencia del exmandatario, fallecido el 2 de febrero de 2016 a los 56 años.
La Fiscalía de El Salvador comenzó el pasado 6 de junio el proceso de extinción de dominio de 9 propiedades dejadas por el difunto expresidente y que quedarán bajó la tutela temporal del Consejo Nacional de Administración de Bienes.
Las propiedades intervenidas, que suman más de 1,84 millones de metros cuadrados, están ubicadas en los departamentos de Usulután, Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad (única propiedad de la familia Flores y no Rodríguez).
El exmandatario se habría apropiado, según la Fiscalía, de 5 millones de dólares y otros 10 fueron depositados en cuentas de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), sin embargo el fundador del partido tricolor, Hugo Barrera, confirmó el pasado lunes que la donación de 10 millones de dólares del gobierno de Taiwan tenía como destinatario el partido político y no el gobierno salvadoreño por lo que no existe delito alguno.
Los otros cinco millones que menciona la querella formarían parte de la «partida secreta» de la presidencia y habrían sido utilizados para la lucha contra los secuestros y extorsiones durante la presidencia de Flores.
Tras el fallecimiento de Flores concluyó su responsabilidad penal, pero no la obligación civil por los cargos de corrupción de los que fue acusado, «que tendrá que ser determinada», explicó en su momento la parte querellante, que además señaló que «en caso de existir, hay que seguir un procedimiento para la recuperación, por parte del Estado, de esos bienes».
El expresidente Flores nunca fue condenado por delito alguno.
