El letrado del Juzgado especializado de Sentencia “A” de San Salvador, Godofredo Salazar, entregó el jueves el fallo de la sentencia del caso denominado “Operación Cuscatlán”, en el cual se ha condenado a 373 pandilleros a penas entre los cuatro y 70 años de prisión.
Entre los condenados están los máximos líderes de la MS en el país, conocidos como la “ranfla histórica”: Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, Saúl Antonio Turcios, Eduardo Erazo Nolasco, Hugo Armando Hernández, Leonel Alexander Gonzales Leonardo, Ricardo Díaz, Jorge Chacón, David Alexander de León y Élmer Canales Rivera.
El Juez Godofredo Salazar relacionó en el documento una serie de reuniones que las pandillas tuvieron con políticos de renombre, alcaldes, diplomáticos y otros personajes.
En el fallo de la sentencia se hace mención de dineros que los partidos políticos habrían entregado a las pandillas.
Basado en declaraciones de delincuentes confesos, asesinos, narcotraficantes y criminales de la peor calaña, el juez aseguró que “Los partidos políticos les aportaron seis cantidades de diferentes montos; les entregaron dinero el FMLN, luego ARENA; el FMLN les entregó dinero antes de las elecciones presidenciales de 2014”, el juez no mencionó a otros partidos y movimientos políticos que, según investigaciones periodísticas también realizaron reuniones de algún índole con los delincuentes.
El juzgado aseguró, basado en declaraciones de testigos criterios y vídeos manipulados que el FMLN hizo seis pagos a la MS para apoyar la fórmula presidencial de Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortíz.
“Al inicio les entregaron veinticuatro mil quinientos dólares; la segunda entrega fue de treinta y cinco mil dólares, se dio como quince días después de la primer entrega; la tercera entrega fue de veinticinco mil dólares, se efectuó una semana antes de la primera vuelta electoral; la cuarta fue de cinco mil dólares, que se entregaron como una semana después de hacer la tercer entrega; la quinta entrega fue treinta y cinco mil dólares, se efectuó dicha entrega para el periodo de la segunda vuelta electoral; la sexta entrega fue de siete mil dólares, se entregó cuando se proclamó ganador de la Presidencia el FMLN; el encargado por parte del FMLN para hacer esas entregas de dinero fue Arístides Valencia”, afirma la sentencia.
El juez asegura también que la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), entregó 69 mil dólares a las pandillas en ese período, en una zona exclusiva de San Salvador, a connivencia del ex mediador de la tregua Raúl Mijango (del FMLN?).
“Sobre la alcaldía de Ilopango de acuerdo a las intervenciones telefónicas, resulta evidente los grados de comunicación y confianza que tenían los miembros de pandillas con el alcalde, donde resulta difuso identificar quien ejercía materialmente la administración, pues los miembros de pandillas asignaban según su voluntad, incluso el recurso humano que laboraba en la alcaldía”, reza parte de la sentencia, refiriéndose al punto alcalde por ARENA, Salvador Ruano.
Salazar indica además que las respectivas autoridades “deberán individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los ciudadanos Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén en su calidad de Presidentes de la República, Arístides Valencia, David Victoriano Munguía Payés y Benito Lara, como Ministros e integrantes del Gabinete de Seguridad; la persona de nombre Wilson quien fungía como miembro de una ONG vinculada al partido FMLN; el señor Paolo Luers”.
En una sentencia ya por demás febril, Godofredo salazar pide investigar a “los miembros del partido ARENA Jorge Velado, Norman Quijano, Ernesto Muyshondt, Ernesto Angulo; los integrantes de la red de pastores; las municipalidades de Sonsonate, La Libertad, Ilopango, San Salvador, Cuscatancingo, Santa Tecla, Usulután, San Marcos, Soyapango y Apopa que fueron relacionadas en el presente caso; asimismo, debe precisarse la intervención de miembros del cuerpo diplomático como el embajador de Alemania y los organismos de dirección de los partidos políticos”.
En dicha sentencia el juzgado certifica el documento a fiscalía, “para que investigue los hechos y delitos que puedan configurarse según la prueba valorada, para cada uno de los funcionarios, autoridades públicas y eclesiásticas, actores políticos, los organismos de dirección de los partidos políticos, unidades de investigación de la corporación policial e integrantes de la sociedad civil mencionados en el desarrollo del juicio”.
El juez reprendió a la FGR, ya que a su criterio esta debe investigar “la actuación de los titulares del Ministerio Público Fiscal ante eventuales omisiones al deber de investigar lo ocurrido”, abriendo la posibilidad de acusar al menos a los tres últimos fiscales.
