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Incautan propiedades a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes

La Fiscalía General de la República (FGR) inició el miércoles el proceso de embargo de propiedades y cuentas bancarias a dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes, quienes estarían ligados a una supuesta red de corrupción que habría desviado 351 millones de dólares de las arcas del Estado.

El fiscal Alexis Ayala, que dirige la Unidad Especializada der Extinción de dominio del Ministerio Público, encabezó el proceso para asegurar las propiedades y cuentas bancarias del exsecretario de Comunicaciones David Rivas, y del exdirector ejecutivo de la Presidencia, Manuel Arturo Ayala, que suman 1,3 millones de dólares.

El fiscal explicó que al exsecretario de Comunicaciones se han incautado cuatro inmuebles, dos vehículos y cuatro cuentas bancarias con un valor aproximado de 800.000 dólares, mientras que al exdirector ejecutivo de la Presidencia le incautaron cinco inmuebles y tres vehículos con un valor aproximado de 500.000 dólares.

Ayala informó a periodistas que las propiedades y las cuentas bancarias pasan a control del Estado, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

En junio de 2018, Rivas se entregó a la justicia para responder por los cargos de lavado de dinero y fue enviado al penal La Esperanza, conocida como la “Cárcel de Mariona”, ubicada en la periferia norte de la capital. Ayala sigue prófugo de la justicia.

La diligencia corresponde a la investigación ligada al caso del expresidente Funes, que gobernó el país de 2009 a 2014, y lo responsabilizan de liderar la estructura que supuestamente desvió 351 millones de dólares que fueron a parar a manos de testaferros, familiares y allegados al exmandatario.

Funes, que sigue prófugo en Nicaragua, tiene cinco procesos penales abiertos en varios jugados de San Salvador.

En noviembre de 2017, cuando el exmandatario ya estaba asilado en Nicaragua, un tribunal condenó a Funes en un juicio civil por enriquecimiento ilícito, le ordenó devolver al Estado 409.145 dólares y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por diez años. En la misma resolución condenó a su hijo Carlos Mauricio Funes Velasco por el mismo delito.

Por esos procesos, los tribunales emitieron una alerta roja de búsqueda y detención contra el expresidente salvadoreño, pero la Interpol la ha negado en dos ocasiones.

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