Ante una solicitud del concejo de Soyapango para que el Ejecutivo valorara la posibilidad de ayudar financieramente a la municipalidad, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, les hizo saber que Hacienda “no puede asumir responsabilidad de ninguna alcaldía”, pues la administración de cada comuna debe realizarse con los fondos que percibe.
De acuerdo al funcionario, el gobierno de la República «no puede asumir la responsabilidad que por Constitución y que por mandato tienen los alcaldes». Ningún alcalde de ningún partido (incluyendo el oficialista Nuevas Ideas) recibirá apoyo alguno, explicó.
“No veo por qué ahora el gobierno deba asumir la responsabilidad de sus malas decisiones”, reiteró Zelaya.
“Parece que hay intención de solicitar un plan de ayuda al Presidente”, dijo a periodistas recientemente el exalcalde y concejal de Soyapango, Juan Pablo Álvarez.
La alcaldía de Soyapango adeuda al menos tres meses de salarios a trabajadores, así como el pago de prestaciones como aguinaldos por la administración de la alcaldesa, Nercy Montano, de Nuevas Ideas (NI), quien fue capturada por la Fiscalía General de la República (FGR) por los supuestos delitos de apropiación de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos e infracciones de las condiciones laborales.
El 30 de diciembre, el concejo nombró a Marcos García como alcalde interino, quien fungió como séptimo regidor también de Nuevas Ideas. Debido al impago de salarios, los trabajadores realizaron una concentración el 10 de enero luego de la cual tres sindicalistas fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de manera violenta.
Luego de que el 17 de noviembre de 2021 entrara en vigencia la ley que redujo el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), las alcaldías se vieron obligadas a recortar programas sociales y de disponer de un porcentaje de dicho Fondo para el pago de otros gastos y salarios.
Tras el recorte del FODES la mayor parte de las alcaldías del país apenas han podido mantener los programas recolección de desechos sólidos y el mantenimiento de alumbrado eléctrico, muchas ni eso.
El primer golpe a la autonomía de las municipalidades fue la disolución del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) que llevó aparejado la derogación del FODES.
En noviembre de 2021, los diputados del oficialismo y sus aliados dieron el tiro de gracia a la autonomía de las alcaldías tras avalar la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), tras meses de que el Ministerio de Hacienda les había retrasado varios millones del pago del FODES, el cual ya nunca pagó, sin importar que muchas obras estaban ya iniciadas, en proceso o a punto de ser finiquitadas.
La DOM no solo administra casi $500 millones de recursos públicos para proyectos de infraestructura de las 262 alcaldías del país, también es quien decide qué obras se realizan y cuáles no. Esos fondos si son utilizados para pago de salarios y beneficios de los empleados de la DOM.
