La Fiscalía General de la República (FGR) fue derrotada por los defensores de 18 de los operadores de la polémica tregua entre las pandillas (2012-2014), procesados por las prebendas que dieron a los pandilleros encarcelados a cambio de bajar las cifras de asesinatos.
De acuerdo con el juez de la causa, la Fiscalía no logró «acreditar» los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en las cárceles, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, y criticó a la institución por obviar otras líneas de investigación y pruebas.
Entre los absueltos se encuentran el principal mediador entre las pandillas durante el armisticio, Raúl Mijango; el exdirector de los Centros Penales Nelson Rauda; el exinspector general de las cárceles Anílber Rodríguez; 5 exdirectores de prisiones, 9 miembros de un «consejo criminológico» y un miembro de la Inteligencia Policial.
«En El Salvador está funcionando el Estado de derecho, porque no basta con una acusación para condenar sino que es necesario que se aporten las pruebas necesarias», y desde el inicio «sostuvimos que no habían elementos para procesar a nuestros defendidos y esa tesis se ha probado en el juicio», dijo a periodistas Mauricio Ramírez, defensor de Mijango.
Por su parte, uno de los fiscales del caso, que pidió el anonimato, explicó a la prensa que cuando sea entregada la sentencia, el 21 de septiembre próximo, la parte fiscal podrá pronunciarse sobre una posible apelación contra la decisión judicial.
Además del traslado de los principales líderes de las pandillas de la cárcel de máxima seguridad a otros con menor régimen, la Fiscalía señalaba que entre los beneficios que recibieron estas bandas están el ingreso de electrodomésticos, drogas, teléfonos celulares y la realización de fiestas con prostitutas desnudas en las cárceles.
Los testigos, entre líderes pandilleros, exfuncionarios de prisiones y el extitular de Justicia y actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés, revelaron que la tregua fue puesta en marcha por el Gobierno y que paralelamente a esta, los dos principales partidos dieron 350.000 dólares a las pandillas a cambio de votos en 2014.
El Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), asilado actualmente en Nicaragua, atribuyó al armisticio una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin El Salvador experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y 81,7 en 2016.
Según testigos, Mauricio Funes y Munguía Payés fueron los padres de la infame tregua que dio mayor poder y fuerza geográfica a las pandillas, con lo que las autoridades hoy se enfrentan, ya con 23 policías asesinados por las maras en lo que va del año.
