Corte de Constitucionalidad canceló el martes una orden presidencial para expulsar al comisionado anticorrupción de la ONU, un movimiento que generó críticas de la izquierda al mandatario.
La Corte de Constitucionalidad también anuló la declaración de persona non-grata que el presidente Jimmy Morales emitió contra el abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Tras conocerse la decisión, el vocero presidencial Heinz Hiemann dijo a periodistas que el presidente es “respetuoso de la ley, del debido proceso y del Estado de derecho” y explicó que aún no han sido notificados del fallo y que al tenerlo decidirán las acciones legales que puedan realizar contra éste.
Morales ordenó el domingo la salida de Velásquez del país, pero de inmediato la Corte de Constitucionalidad bloqueó la medida y amparó temporalmente al comisionado. Ahora se pronunció sobre un nuevo amparo provisional solicitado por Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, fallando en definitiva a favor del comisionado con tres votos a favor y dos en contra.
Los argumentos para cancelar la orden de expulsión fueron que el convenio entre el Estado de Guatemala y la ONU para la creación de la CICIG establecen formas de resolver las diferencias y éstas no se agotaron. La Corte también estableció que el documento de expulsión de Velásquez no cumplió con los requerimientos formales que establece la Constitución, pues debía ser firmado por el presidente y al menos uno de los miembros de su gabinete. Sin embargo, sólo lo hizo Morales.
La fiscal general, Thelma Aldana, quien ha colaborado en las investigaciones contra la corrupción junto a Velásquez y que amenazó con renunciar al cargo si lo expulsaban, dijo a periodistas tras conocer la decisión que “Le corresponde al presidente cómo líder máximo la unidad nacional”, y agregó que seguirá trabajando como hasta ahora.
Afuera de las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad, grupos indígenas afiliados al comunismo guatemalteco celebraron con cohetillos y aplausos la decisión del Tribunal.
Velásquez aún no se pronuncia por la decisión pero ha dicho que si los tribunales guatemaltecos decidían su salida, sería respetuoso del fallo.
La decisión se tomó un día antes de que inicie el debate contra Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente, a quienes la fiscalía y la CICIG acusan de actos de corrupción.
Morales fue el centro de las críticas y diversas voces dentro y fuera de Guatemala le habían pedido que permitiera a Velásquez seguir con su mandato al frente de la CICIG.
El anuncio de Morales ocurrió dos días después de que la CICIG y la Fiscalía General anunciaran una petición para retirarle la inmunidad por presuntas irregularidades durante su campaña. La Corte Suprema aún tiene que resolver en los próximos días esta solicitud.
El mandatario suavizó su tono el lunes y dijo que respetaría el fallo definitivo. Hasta ahora, sin embargo, no había emitido ningún pronunciamiento.
La CICIG fue creada hace 10 años para combatir la corrupción en Guatemala y ha sido clave en el procesamiento de distintas figuras, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión actualmente. Sin embargo, no ha perseguido delitos de otro estamento de personalidades económicamente poderosas, ni delitos perpetrados por líderes de la izquierda guatemalteca.
