De acuerdo a una fuente de la Fiscalía General de la República, un contingente de fiscales se hicieron presentes en la sede principal del Ministerio de Salud, donde funciona el despacho del ministro, en la calle Arce, San Salvador, en busca de documentos sobre las compras que ha realizado de manera irregular la Cartera de Estado.
Las investigaciones dieron pie luego que trascendiera la compra una compra de mascarillas, realizada por el Ministerio de Salud, con un sobreprecio de 111%. Esta acción mostró que el Estado hizo una compra que violaba la ley, debido a que supuestamente se hizo directamente a un funcionario y además se pagó el doble del precio. Otros varios insumos, como mascarillas, botas de hule y otros han sido comprados de manera irregular.
Otra de las irregularidades detectadas fue que el Ejecutivo reformó el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), incluyendo modificaciones como la no obligación de registrar los procesos en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (Comprasal), a través del cual fue posible detectar las compras hechas a varios funcionarios o sus familiares. Las enmiendas comprometen la transparencia de los procesos de compras y contrataciones hechas con dinero público, dijeron expertos en su momento.
Las investigaciones se han hecho extensivas a distintas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Agricultura a principios de septiembre pasado. El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roberto Anzora, dijo entonces que estaban analizando el posible cometimiento de delitos por el mal uso de fondos públicos del MAG en el marco de las compras de alimentos realizadas ante la emergencia de la pandemia.
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