La ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, ya había aceptado confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan al participar en el lavado unos 25 millones de dólares de fondos públicos, pero se retractó luego de que el Ministerio Público exigiera el lunes que regrese al Estado 17,3 millones de dólares.
Ana Ligia había solicitado someterse a un proceso abreviado y admitir su responsabilidad ante un juzgado de San Salvador a cambio de una pena de tres años de prisión que serían reemplazados por trabajo de utilidad pública, pero sin regresar el dinero sustraído.
El jefe de la Unidad contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, el fiscal German Arriaza, explicó que se realizó una negociación con los abogados de la ex primera dama “con un enfoque orientado básicamente en la devolución total de los bienes sustraídos”, acuerdo plasmado en un escrito, pero que todo cambió cuando los abogados defensores alegaron que el acuerdo no incluía la devolución de lo robado.
En este caso conocido como “Destape de la Corrupción Fase II”, también están siendo procesadas otras 14 personas.
El caso está ligado a los actos de corrupción del expresidente Elías Antonio “Tony” Saca, que gobernó el país de 2004 a 2009.
El abogado defensor de la señora de Saca, Miguel Flores, reconoció que el arreglo con la Fiscalía se había caído, sin embargo aseguró que contaba con los elementos para demostrar la inocencia de su cliente porque hasta el momento no se ha podido comprobar la alegada participación en la trama.
El abogado señaló que ninguno de los testigos “la vincula con actividades ilícitas, no hallaron ninguna actividad sospechosas, ningún reporte de transacciones sospechosas y por lo tanto consideramos que se puede lograr el sobreseimiento definitivo”. Agregó que todos los bienes de la ex primera dama están intervenidos o están controlados “y en esa condición no se le puede exigir efectivo”. Evocando una artimaña legal reciente con la que un juez obligó al presidente electo Nayib Bukele a presentar “efectivo” y con la que intentó inculpar a otro detenido con el surgimiento del “cash”.
Saca de 54 años ya cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, por el desvío de más de 300 millones de dólares de los fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018, el expresidente pidió un proceso abreviado y después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció a diez años de prisión por peculado, lavado de dinero y activos al desviar más de 300 millones de dólares de los fondos públicos. También fue condenado a responder civilmente por 200 millones de dólares
Cinco de sus viejos colaboradores también se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor.
Recientemente, en otro proceso penal, el expresidente Saca solicitó someterse a un proceso abreviado y admitir su responsabilidad por haber sobornado a una empleada judicial para que le filtrara información sobre un proceso civil en su contra.
