El Ministerio Público inició el proceso de embargo de cuatro propiedades del exfiscal general Luis Martínez, procesado por lavado de dinero, peculado y negociaciones ilícitas.
El Fiscal General Douglas Meléndez confirmó la noticia a periodistas mientras las autoridades tomaban posesión de las propiedades. Éstas pasarán a manos del Estado y estarán resguardadas por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
Lo que no informó el fiscal es que todas las propiedades pertenecen al exfiscal Martínez y su grupo familiar desde antes que llegara ser funcionario público y, sin embargo, antes de ser condenado esta siendo despojado.
Según la Fiscalía, el expresidente Mauricio Funes –que gobernó El Salvador de 2009 a 2014 por el FMLN- pagó y entregó dádivas a Martínez, por lo que el exmandatario será procesado por el delito de cohecho activo. El exfiscal recibía fondos, aún no establecidos como “sobresueldos”, al igual que todos los funcionarios que sirvieron bajo la administración Funes, sin embargo, el actual fiscal, que se acerca a la finalización de su periodo como jefe del Ministerio Público, ha omitido la investigación de dichos funcionarios.
La jueza cuarto de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, giró una orden de captura contra Funes para que sea procesado con Martínez. El expresidente, su pareja y dos de sus hijos se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
Según la acusación contra Martínez, el exfiscal viajó en 92 ocasiones en aviones privados del empresario Enrique Rais, a lo que la FGR ha asignado un risible costo de 1,2 millones de dólares, cifra ofrecida por fiscales sin sustento alguno. Los viajes fueron realizados en pos de investigaciones fiscales que eran requeridas en el exterior del país ante la incapacidad de la institución a realizarlos con su exiguo presupuesto. En dichos aviones realizaron viajes el actual presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, su antecesor, Mauricio Funes y varios ministros y funcionarios de ambas administraciones.
La Fiscalía también ha montado juicios, fabricado pruebas y ocultado documentos de descargo relacionados en la supuesta sustracción de fondos de cuentas especiales y patrimonio de ese organismo por un monto de 735 mil dólares, acusando profesionales de reconocida honestidad y experiencia de haber realizado consultorías ficticias, por lo que, al terminar el mandato conferido al actual fiscal, se verá increpado ante las respectivas autoridades para que rinda cuentas por sus acciones, las que rayan en lo ilegal.
Martínez está encarcelado en el penal La Esperanza, conocido como “Cárcel de Mariona”.
