La Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES) entregó ayer a la canciller de la República, Alexandra Hill, y al secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro, reformas para prevenir la corrupción, garantizar la transparencia y crear tipologías de delitos.
La CICIES solicitó que le permitan actuar como querellante en los procesos penales que se inicien por corrupción. Así mismo, la CICIES pidió que se inicien las gestiones pertinentes para derogar la ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Promides.
El comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA), pide a la Asamblea Legislativa que se legalice la CICIES, mediante la aprobación del acuerdo marco que se encuentra en el órgano legislativo.
¿Por qué Fopromid?
Entre las propuestas incluyó la derogatoria de la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid).
De acuerdo a diversas investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FUNDE, el Fopromid ha permitido el uso secreto de los fondos.
El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación Económica (FERRE) informó en febrero que $607.1 millones se canalizaron a través de Fopromid sin mayores controles, por lo que han denunciado opacidad y violaciones a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap). Esta Veeduría vigila el uso de los fondos autorizados por el decreto 608.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) ha señalado que de $1,000 millones autorizados por el decreto 640, $43.86 millones fueron canalizados a través de este mecanismo.
Igualmente, se recomienda al gobierno salvadoreño fortalecer a la Fiscalía General de la República y otras instituciones de control para hacer eficientes y transparentes los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, dejando en el pasado los nombramientos de conveniencias para los partidos políticos que tienen el control del Congreso.
Además, que se haga una actualización de las leyes que regulen eficazmente la función pública, así como promover la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, entre otras.
También, le pide al gobierno de Bukele la activación del compromiso de impulsar y reformar leyes que garanticen a la CICIES, entre otras facultades, ser parte activa dentro del proceso penal a través de la figura del Querellante y que se envíe a la Asamblea Legislativa el Acuerdo Marco para su ratificación.
