Bukele termina un muy malogrado primer año de gobierno

by Redacción

A un año de estar en la silla presidencial de El Salvador, Nayib Bukele mantiene una imagen popular fortalecida por el combate a la violencia criminal.

Pero a la vez, con críticas a su estilo, calificado de «autoritario» por opositores, analistas, la prensa internacional y, a la fecha y en secreto, por varios de sus colaboradores más cercanos y seguidores.

Bukele inició un mandato de cinco años el 1 de junio de 2019, tras poner fin a un bipartidismo entre el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que habían gobernado los últimos 30 años.

El mandatario arranca su segundo año de gobierno en pleno desacato con la Corte Suprema del país e insultando a los diputados del primer Órgano del Estado.

«Desde mi visión ha sido una gestión autoritaria, opaca, irrespetuosa de la legalidad y desastrosa de la gestión pública», dice a periodistas Jeannette Aguilar, investigadora Independiente, que hace estudios para organismos internacionales incluida la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La oenegé y más importante tanque de pensamiento de El Salvador, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) indicó en un análisis de la administración que, sin el respaldo de un partido grande, Bukele «recurrió a un discurso basado en la antipolítica».

«El primer año de gestión del presidente Bukele se caracterizó por el deterioro de las condiciones de gobernabilidad democrática, como consecuencia de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo», añadió la organización.

Fusades citó la «militarización» de la Asamblea Legislativa, en referencia a la incursión de Bukele al Congreso con miembros de las fuerzas armadas el 9 de febrero, para presionar por la aprobación de un préstamo orientado a respaldar su estrategia de seguridad.

El enfrentamiento del presidente y el Parlamento desencadenó una crisis institucional sin precedentes y planteó dudas sobre la vocación democrática del presidente, según Fusades.

«Ha sido una gestión autocrática que ha tratado de imponer a fuerza su propia voluntad», sostuvo Aguilar, quien consideró que en un año Bukele «ha llevado a un retroceso de unos 20 años de avances institucionales y democráticos».

El mandatario se quejó luego de que la Asamblea Legislativa se negara el 14 de mayo a prorrogar el estado de emergencia por la pandemia de covid-19, y de que la Corte Suprema de Justicia invalidara dos de sus decretos ejecutivos.

«Un grupo pequeño mal informado dice ‘Ese Bukele es un dictador’, si quienes me están quitando las funciones son otros órganos», se defendió el presidente.

Por otra parte, la represión a las pandillas y la reducción de los homicidios, que han puesto a El Salvador entre los países sin guerra más violentos del mundo, es según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) el principal logro del mandatario.

Su plan de seguridad, parte del programa de gobierno denominado Cuscatlán, «ha dado como resultado una disminución de homicidios que es sin precedentes en el país», dijo a la periodistas el director de FESPAD, Saúl Baños. «Es un reconocimiento que nadie lo puede negar», señaló.

El gobierno ha ordenado a la policía y el ejército el uso de la fuerza letal para afrontar a las pandillas. En plena pandemia, se difundieron fotos de pandilleros hacinados en prisiones donde se mezclaron grupos rivales, poniendo fin a una separación que se mantuvo por décadas.

Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, Bukele recibió el país con una tasa de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes y cerró 2019 con 36. La proyección es finalizar 2020 con 21 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Pero los números positivos en la reducción de los asesinatos son en gran parte por la cuarentena total decretada en marzo para enfrentar la pandemia, no por los planes de seguridad del Gobierno.

Una encuesta publicada el 24 de mayo reveló que 92,5% de los encuestados aprueba la gestión de Bukele, muy por encima de sus antecesores.

Aunque el avance sobre la criminalidad contrasta con otros aspectos. No se puede «advertir un rumbo claro del país en materia económica, pero en seguridad pública se tiene una clara reducción de homicidios», apuntó Roberto Cañas, profesor de Ciencias Políticas de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Con 6,6 millones de habitantes en 20.742 km2, El Salvador afrontará este año una caída económica de un 4,3%, según estimaciones de Banco Mundial, que lo posicionan como el país centroamericano «más golpeado» por la pandemia del nuevo coronavirus. A ello se suma el desempleo y el crecimiento de la pobreza.

Otro signo alarmante para la economía del país es la caída de 40% en las remesas familiares de abril, sumado a un descenso de 51% en las exportaciones y de 33% en las importaciones.

El Salvador se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a realizar un ajuste fiscal de 2,5% entre 2021 y 2023, lo que significa aumentar impuestos especiales a los combustibles y al consumo en dos o tres puntos porcentuales, además de elevar el IVA.

Pero, probablemente el mayor problema que ha generado el Presidente en su primer año de gobierno es la destrucción de la institucionalidad en El Salvador.

Nayib Bukele, un acaudalado hijo de palestino, sin estudios superiores o algún tipo de instrucción, se hizo al poder ante la decepción que los partidos tradicionales de El Salvador provocaron en el electorado y se ha caracterizado por tomar decisiones «con el hígado» sin reflexionar en las consecuencias de sus actos.

Bukele no desaprovecha una ocasión para insultar a los diputados del Congreso y ofender y restar importancia a la sala de lo Constitucional del país, llegando a amenazarlos con retener los desembolsos que por ley el Ministerio debe realizar, mes a mes, para el pago de diputados, magistrados y empleados de dos órganos de estado.

El pasado mes de abril, el presidente Bukele decidió y publicitó que no cumpliría con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que lo obligan a respetar la Constitución de la República, entre ellas cesar las detenciones arbitrarias contra ciudadanos por no obedecer reglamentos en una cuarentena con respaldo legal inexistente y anunciadas disposiciones como el decomiso de autos y allanamientos sin orden judicial.

La Sala ordenó al presidente que debe mantener la «armonía» como obligación a su cargo, orden que esta también en desacato, pues continúa ofendiendo y atacando y aún más, amenazando a sus detractores y opositores políticos.

Al presidente Bukele le faltan aún cuatro años de gobierno y para gobernar debe ganar una mayoría absoluta en las elecciones legislativas del próximo mes de febrero de 2021, lo que cree será «pan comido», sin embargo el sistema político salvadoreño, de democracia representativa y su soberbia hacen que esos objetivos estén cada vez más lejos.

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