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Asamblea Legislativa vuelve permanente ofensiva carcelaria contra pandillas

Los diputados también establecieron la creación de "centros de seguridad" y "centros de máxima seguridad"

La Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma legal con la que las «medidas extraordinarias» de seguridad implementadas en las prisiones con pandilleros desde 2016 se vuelven permanentes y ordenó la creación de «centros de máxima seguridad».

El decreto legislativo, aprobado con 71 votos de 84 diputados, establece que la permanencia del recrudecimiento del régimen de seguridad en las prisiones se basa en los «resultados favorables» como la «reducción de los índices de homicidios y de otros delitos que se cometían por órdenes» de líderes de pandillas encarcelados.

«Continúa siendo necesario contar con esta clase de medidas» para «asegurar la eficacia del régimen penitenciario y el de proteger a la población de la criminalidad», reza el documento.

Estas medidas, implementadas a iniciativa del Gobierno, dan la potestad a los directores de los centros penales comunes de declarar un estado de emergencia, con el que se suspenden las visitas y los reos son llevados a un encierro permanente hasta por 60 días seguidos.

Los diputados también establecieron la creación de «centros de seguridad» y «centros de máxima seguridad», en estos últimos serán recluidos los procesados o condenados «altamente peligrosos», quienes tendrán prohibidas las visitas y permanecerán encerrados en sus celdas.

Estas medidas se implementaron inicialmente en las prisiones con reos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, pero en la reforma aprobada no se hace distinción, por lo que son aplicables a todas las cárceles.

La suspensión de las visitas y el encierro permanente de los reos ha sido criticado en diversas ocasiones por organizaciones sociales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las Naciones Unidas.

Al convertir estas «medidas extraordinarias» en un régimen permanente los diputados dieron un portazo a la petición del ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien había pedido poner fin a esta política.

Tras finalizar una visita al país centroamericano en noviembre de 2017, Zeid advirtió que estas medidas «han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas”, sin importarle que las verdaderas personas que viven en condiciones inhumanas son las víctimas de los criminales pandilleros.

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