El director de la Policía Nacional Civil (PNC) y viceministro de Justicia, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que «No he de anticipar criterio de por qué no voy a cumplir órdenes ilegales porque una orden es un mandato verbal o escrito, pero debe de cumplir ciertas formalidades, esas son las que vamos a justificar en la asamblea que no se revistió. No cumplimos órdenes ilegales. Tenemos un código de conducta, ningún policía debe acatar órdenes ilegales», abrogándose el derecho de decidir de manera personal lo que es, o no es, legal.
En conferencia de prensa, se refirió al proceso de antejuicio en su contra en la Asamblea Legislativa por el cometimiento del delito de incumplimiento de deberes al omitir la orden de apremio contra funcionarios del Gobierno, que ha intentado «blindarlo» ante el incumplimiento de sus deberes.
Arriaza Chicas aseguró que la orden de apremio contra el funcionario fue ilegal; no obstante, un día antes, la mañana de este viernes 27 de de noviembre en la apertura de pruebas en la Comisión Especial de Antejuicio, su defensa solicitó admitir como prueba en antejuicio las actas policiales donde se buscó al Ministro para obligar su asistencia a comisión.
En la solicitud de admisión de prueba, se añadieron las justificaciones del Ministro de Hacienda, así como las actas policiales donde localizaron la vivienda de Zelaya y se hicieron presentes a las instalaciones del Ministerio el 2 de octubre en horas de la mañana «con la finalidad de hacer comparecer al ministro».
«No se pudo hacerlo comparecer», señala parte del relato de una de estas actas, según leyó la defensa.
Este último aspecto, según el requerimiento de la Fiscalía se trata de un posible fraude de ley, ya que habría vulnerado «una norma jurídica al amparo de otra norma o disposición legal, se trata de camuflar o disfrazar una conducta como si fuera otra para burlar una norma», haciendo referencia a la nota que se envió a Zelaya, pero no se procedió a cumplirla; es decir, habría aparentado que cumplió su obligación.
