La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación de amenazas lanzadas en Twitter en contra de una reportera de El Faro que informó, en el medio antagonista al gobierno de Nayib Bukele, que el puente que el Ejecutivo prometió construir en la localidad de San Isidro, en el departamento de Morazán, sobre el rio Torola, no ha comenzado a ser construido.
Valeria Guzmán, la reportera agredida en la red social Twitter, realizó una nota en la que cuestionaba la construcción del puente sobre el río Torola, el cual el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció iniciaría en junio pasado y que el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a entregar en 45 días.
Tanto la promesa como la respuesta del entonces novel funcionario resultaron producto o de la inexperiencia ó de la propaganda del nuevo Gobierno.
Sin embargo, programas noticiosos de televisión realizaron reportajes desde la semana pasada mostrando los avances de la calle que se unirá con el otro lado del rio al terminarse la obra, así como fundación y estructuras del puente en proceso.
“El puente construido en Twitter todavía no existe en Torola”, se titula el artículo que generó reacciones en contralor parte de trolles enquistados en la red social.
Especialmente, el ataque por parte del usuario “El Shaggy sv”, despertó la alarma al leerse una clara amenaza a la reportera de buscarla y agredirla físicamente.
“Y si vamos y verificamos que hay construcción en proceso, ¿nos darías permiso de buscarte y darte en el hocico por mentirosa?, Digo, si tan segura estás sabés que tenés la razón”, advirtió el administrador de dicha cuenta.
La amenaza fue borrada de internet poco tiempo después.
La APES condenó la respuesta al reportaje de Guzmán , generada por la crítica hacia el Ejecutivo, pidiendo al Ministerio Público que investigue las “intimidaciones que llevan carga misógina y sexista”.
La gremial pidió a los usuarios de redes sociales a utilizarlas de “forma responsable” y ejercer su derecho a la libertad de expresión sin hacer “ofensas, amenazas y posibles delitos contra el gremio periodístico”.
