Tanto areneros como extraños han hecho “pedazos” el informe y comparan un nuevo edificio legislativo con un nuevo Hospital Rosales, bien equipado y, para variar, con medicinas suficientes para atender a todo paciente que acuda a sus puertas.
No sabemos si el presidente Quijano fue “inocente” o “engañado” o simplemente bocón, pero en la coyuntura política nacional, su primer acto como presidente de la Asamblea Legislativa le ha hecho quedar muy mal.
Todos los medios noticiosos lo han hecho “pedazos” de manera exprofesa o veladamente; el caso es que, los profesionales del otrora papel y pluma, hoy “picapollo y computador” se han unido a esta serie de críticas sin hacer la tarea, es decir, sin averiguar a fondo el caso del nuevo edificio legislativo.
Antecedentes
El 3 de diciembre de 2015, bajo la presidencia de Lorena Peña del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Asamblea Legislativa de El Salvador, con el voto de setenta y dos diputados, la autorizó la adquisición de un crédito para construir un nuevo Palacio Legislativo.
En la sesión ordinaria, el pleno se había conocido el informe de el ingeniero Héctor David Hernández Flores, experto estructuralista, que certificaba que el actual edificio de ocho plantas, que alberga las oficinas de las bancadas, tenía daños estructurales desde el terremoto de 1986 y urgía de refuerzos, debido al riesgo de que colapsara por sobrecarga.
Todas las fracciones coincidieron en que era un tema de urgencia, pues existía el riesgo de que el edificio se derrumbara en caso de un sismo.
Sin embargo, desde entonces, la otrora diputado y hoy alcaldesa de Santa Ana, Milena Calderón de Escalón, advirtió que la sobrecarga que sufría ese edificio respondía a una política descontrolada de contrataciones desde la administración del expresidente Sigfrido Reyes, seguido por la de la entonces presidente, Lorena Peña, ambos del FMLN.
De acuerdo a la proyección original, el edificio de ocho plantas, cuando termine de reforzarse, se destinará exclusivamente para la administración.
El edificio nuevo serviría para albergar solamente las oficinas de los diputados y las sedes de los grupos parlamentarios.
Cinco meses después, en mayo 2016, el inmueble, que mantenía bandera anaranjada desde el terremoto de 1986 y luego de los terremotos de 2001 seguía con sobrepeso, no se había hecho nada.
El nuevo diseño del Palacio Legislativo tiene al menos 11 años y el préstamo de $32 millones para construir la otra edificación al menos 3 años, sin haber empezado obra alguna y pagando intereses por el crédito.
En 2016, el secretario de la junta directiva del Congreso, Francisco Merino, había advertido que la construcción se prolongaría hasta la legislatura que arranca este 2018.
El nuevo edificio, bajo la nueva legislatura
De esta manera, la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa, presidida por Norman Quijano, de ARENA, dio su aval para, finalmente, iniciar la construcción del nuevo edificio para los diputados.
Una acción responsable, sabiendo que tres mil vidas están en juego, que cualquier temblor o terremoto podrán sepultar a empleados y diputados. Norman Quijano esta haciendo algo responsable, pero debió explicarlo así, no como lo hizo.
La actual Asamblea Legislativa debe poner una contrapartida de $8 millones al proyecto total, llevando la inversión pública al menos a $40 millones, pero podría ser más después de la plenaria del próximo 17 de mayo, que se volverá a tomar el tema.
