La operación militar que El Salvador desarrolla en Haití para localizar a cuatro aerotécnicos desaparecidos después de una emboscada el pasado 18 de octubre ha trascendido el objetivo inicial de búsqueda y rescate. El despliegue de más de 2,000 soldados, vehículos blindados, helicópteros y equipo militar para combatir a las organizaciones armadas haitianas ha abierto un debate internacional sobre la legalidad, el mando y los límites de la intervención salvadoreña en territorio extranjero.
La controversia no gira únicamente alrededor de la presencia de tropas de otro país. El cuestionamiento central es si el contingente enviado por el presidente Nayib Bukele está actuando dentro de la estructura y las condiciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o si una parte sustancial de los militares desarrolla operaciones bajo un esquema bilateral distinto, cuyos términos no han sido divulgados.
Una investigación de la agencia Associated Press (AP), publicada este 4 de noviembre, recoge las preocupaciones expresadas por expertos y funcionarios vinculados a la operación. La información señala que Naciones Unidas considera que la mayor parte del personal salvadoreño desplegado en Haití no está operando bajo el marco de la GSF. El organismo también recordó que las operaciones de seguridad deben respetar los derechos de la población.
El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, declaró que su Gobierno mantiene la dirección de las fuerzas extranjeras y que estas llegaron para apoyar al Estado, no para sustituirlo. Sus declaraciones se produjeron en medio de crecientes interrogantes sobre la actuación del contingente salvadoreño y su coordinación con las instituciones haitianas.
La autorización de la ONU no es un cheque en blanco
Para comprender la controversia es necesario distinguir entre la autorización internacional de la GSF y el despliegue adicional dispuesto por el Gobierno salvadoreño después de la desaparición de sus cuatro militares.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 30 de septiembre de 2025 la Resolución 2793, que autorizó a los Estados participantes a constituir la Fuerza de Supresión de Pandillas para combatir a las organizaciones armadas que amenazan a la población y debilitan las instituciones haitianas.
La resolución permite operaciones específicas contra las pandillas, incluso de manera independiente o en coordinación con la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas de ese país. También autoriza medidas necesarias para cumplir el mandato, pero establece condiciones expresas: respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Haití, así como cumplimiento estricto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos y las reglas de enfrentamiento de la fuerza.
El mandato contempla además la protección de infraestructura crítica, el apoyo a las autoridades haitianas, la facilitación de la asistencia humanitaria y la creación de condiciones de seguridad para la celebración de elecciones.
La fuerza tiene un límite autorizado de 5,550 integrantes, entre militares, policías y personal civil. En septiembre de 2026, el Consejo de Seguridad prorrogó su mandato hasta el 31 de marzo de 2027 mediante la Resolución 2829.
Sin embargo, existe una precisión institucional que suele perderse en el debate: la GSF no es una operación tradicional de mantenimiento de la paz bajo mando directo de Naciones Unidas. Se trata de una fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad, con su propia estructura de mando y dirección operativa. La ONU le proporciona apoyo logístico y operativo mediante la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Haití (UNSOH).
Por tanto, la autorización internacional para la GSF no significa que cualquier contingente extranjero pueda actuar al margen de sus reglas o extender unilateralmente sus operaciones. La pertenencia formal a la fuerza, la coordinación con el Gobierno haitiano y la responsabilidad sobre las actuaciones de cada unidad son elementos esenciales para determinar el marco jurídico aplicable.
El Salvador tiene autorización legislativa, pero persisten dudas sobre el nuevo contingente
El Gobierno salvadoreño cuenta con una base legal nacional para participar en la misión internacional. El 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.
La normativa, publicada en el Diario Oficial el 30 de septiembre y vigente desde el 2 de octubre, autoriza la participación salvadoreña durante un periodo inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga mientras continúe la misión internacional.
La ley contempla el envío de personal militar y civil, aeronaves y equipo, y establece que los integrantes del contingente deben respetar las leyes y costumbres haitianas, así como las reglas de la misión. También dispone que El Salvador mantiene jurisdicción sobre su personal, conforme a los tratados internacionales aplicables.
Este punto es importante: la autorización de la Asamblea Legislativa no está ausente. El problema que señalan los especialistas es otro: determinar si los más de 2,000 soldados enviados después de la desaparición de los cuatro aerotécnicos están efectivamente incorporados a la GSF y sujetos a su cadena de mando, o si parte de ellos opera bajo una misión separada.
Antes del ataque del 18 de octubre, alrededor de 125 efectivos salvadoreños vinculados a la misión realizaban principalmente labores de evacuación médica y apoyo aéreo. La dimensión del nuevo despliegue representa una ampliación considerable de la participación militar del país.
El presidente Bukele anunció que el contingente superaría los 2,000 soldados. El 29 de octubre rechazó que se tratara de una invasión y sostuvo que El Salvador no tiene intención de dominar al pueblo haitiano ni de apropiarse de sus recursos. Aseguró que la operación está dirigida contra las organizaciones criminales y que las tropas regresarán una vez concluida la misión.
No obstante, el Gobierno salvadoreño no ha divulgado públicamente un documento que permita establecer con precisión la composición del nuevo contingente, sus responsabilidades operativas, la duración de su permanencia y la autoridad que dirige sus acciones sobre el terreno.
El acuerdo bilateral y la cadena de mando bajo escrutinio
El director del Observatorio de Haití y el Caribe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), Romain Le Cour Grandmaison, considera que la base legal de la presencia salvadoreña constituye una de las principales incógnitas.
En declaraciones a Deutsche Welle y Associated Press, el investigador señaló que las primeras tropas adicionales llegaron antes de que se conocieran los términos de un acuerdo con las autoridades haitianas. Según la información divulgada, ese entendimiento habría sido aprobado el 28 de octubre, pero sus condiciones no se han hecho públicas.
El especialista plantea preguntas fundamentales: quién ejerce el mando sobre los soldados salvadoreños, qué reglas de enfrentamiento deben cumplir, cuál es la duración de su misión y quién responderá si se producen daños a civiles o abusos durante las operaciones.
La agencia AP informó que una fuente familiarizada con las operaciones, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente, aseguró que antes del ataque del 18 de octubre El Salvador no había firmado un acuerdo con Naciones Unidas ni contaba con un convenio de protección con el Gobierno haitiano para su personal o con un memorando de entendimiento con República Dominicana para evacuar médicamente a integrantes heridos de la GSF.
Por su parte, Damian Merlo, representante de cabildeo del Gobierno salvadoreño, sostuvo ante AP que las fuerzas de su país mantienen una estrecha coordinación con la GSF y con la oficina del primer ministro haitiano. Sin embargo, no precisó a quién reportan los soldados ni proporcionó detalles sobre las operaciones.
La falta de información pública no demuestra por sí sola que la intervención sea ilegal. Sí impide, sin embargo, verificar de manera independiente que todas las unidades desplegadas estén sometidas a los mecanismos de mando, supervisión y rendición de cuentas previstos para la misión internacional.
El 4 de noviembre, Naciones Unidas reiteró que los derechos de la población deben ser respetados durante las operaciones de seguridad. Su portavoz, Stéphane Dujarric, insistió en la obligación de cumplir el derecho internacional.
La advertencia de los expertos: varias fuerzas sin un mando común
El debate también involucra la compleja estructura de seguridad que opera actualmente en Haití. Además de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas haitianas, están presentes la GSF, el contingente salvadoreño adicional y una fuerza de tarea relacionada con la empresa privada Vectus Global, fundada por el empresario estadounidense Erik Prince.
Le Cour Grandmaison describió este escenario como una estructura fragmentada, en la que distintas organizaciones actúan con mandatos y reglas diferentes, sin que exista necesariamente un plan operativo común.
El investigador advirtió que esta falta de coordinación puede provocar duplicación de operaciones, conflictos de autoridad y dificultades para determinar responsabilidades cuando se producen incidentes.
En un entorno urbano densamente poblado, donde los grupos armados se mezclan con la población civil y controlan sectores de la capital, la ausencia de una cadena de mando claramente identificada representa un riesgo especial.
El problema no es únicamente militar. Si una operación causa muertes de civiles, detenciones arbitrarias, destrucción de viviendas o desplazamientos forzados, debe existir un mecanismo que permita investigar los hechos, identificar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas.
La resolución de Naciones Unidas que autorizó la GSF establece obligaciones específicas de protección de la población y de los grupos vulnerables, incluidos los niños. También contempla que las detenciones y otras medidas excepcionales se realicen bajo las condiciones del derecho internacional y con coordinación con el sistema judicial haitiano.
Haití no es El Salvador: las diferencias del modelo de seguridad
La intervención también ha reabierto el debate sobre la posibilidad de trasladar a Haití la estrategia de seguridad aplicada por el Gobierno de Bukele en El Salvador.
El presidente salvadoreño ha convertido la lucha contra las pandillas en uno de los ejes de su gestión, mediante el régimen de excepción, detenciones masivas y el despliegue de fuerzas militares y policiales. Su Gobierno presenta la reducción de homicidios como resultado de esa política, mientras organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, abusos y restricciones al debido proceso.
Los expertos consultados por Deutsche Welle consideran que las condiciones de ambos países son profundamente diferentes.
Günther Maihold, profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, advierte que las organizaciones criminales haitianas tienen una estructura territorial y militar distinta de la que caracterizó a las pandillas salvadoreñas.
En Haití, las bandas controlan barrios, carreteras y rutas de abastecimiento; levantan puestos ilegales de cobro, secuestran personas, reclutan menores y cuentan con armamento de alto poder. También existen redes de protección política y vínculos con actores económicos y estatales, según los análisis de especialistas sobre la crisis haitiana.
Romain Le Cour Grandmaison sostiene que el país caribeño carece de condiciones institucionales para reproducir el modelo salvadoreño. La debilidad del sistema judicial, el deterioro de las instituciones y la capacidad territorial de las bandas hacen que una estrategia exclusivamente represiva no garantice resultados sostenibles.
El académico advierte que una operación militar puede recuperar temporalmente determinados sectores, pero sin instituciones judiciales funcionales, control territorial legítimo y políticas de reintegración, los grupos armados pueden reorganizarse o ser reemplazados por otras estructuras.
Desde Washington, la periodista salvadoreña Carmen Rodríguez cuestionó también la sostenibilidad del modelo de mano dura y su traslado a otro país. En declaraciones a DW, afirmó que la represión sin componentes institucionales y sociales no resuelve las causas de la violencia.
José Miguel Cruz, profesor asociado del Departamento de Criminología y Justicia Penal de la Universidad Internacional de Florida, también advirtió sobre los riesgos de una estrategia centrada en la fuerza. A su juicio, la intervención podría provocar una reacción de las pandillas y de sectores de la población haitiana que interpreten la presencia extranjera como una vulneración de su soberanía.
Estas son valoraciones de los especialistas, no conclusiones judiciales sobre la legalidad de la operación. Pero apuntan a un problema de fondo: una estrategia militar puede obtener resultados inmediatos sin necesariamente resolver las condiciones que permiten la reproducción de la violencia.
Estados Unidos, un actor decisivo pero discreto
La participación de Estados Unidos constituye otro elemento de la controversia. Washington impulsó la creación de la GSF y forma parte del grupo de países que proporciona dirección estratégica y respaldo a la fuerza multinacional.
Según los reportes de Reuters y los análisis de especialistas citados por DW, aeronaves militares estadounidenses participaron en el traslado de tropas salvadoreñas a Haití. Sin embargo, no se ha divulgado públicamente un acuerdo que permita determinar el alcance de la asistencia estadounidense al contingente adicional, ni si existe apoyo financiero, logístico o de inteligencia específico para esa operación.
José Miguel Cruz considera que es difícil imaginar un despliegue de semejante magnitud sin algún grado de conocimiento o aprobación de Washington, aunque esa interpretación no constituye una confirmación oficial de respaldo a todas las acciones militares salvadoreñas.
La distinción es relevante: Estados Unidos puede apoyar la misión multinacional y facilitar recursos sin que ello implique necesariamente que cada operación del contingente salvadoreño esté autorizada o supervisada directamente por el Gobierno estadounidense.
La Casa Blanca y las autoridades de seguridad estadounidenses no han ofrecido, en la información pública consultada, una explicación completa sobre la estructura de coordinación del despliegue adicional.
El precedente para América Latina
La intervención salvadoreña ocurre en un momento especialmente delicado para Haití. El país lleva años sin celebrar elecciones presidenciales y el Consejo Electoral Provisional ha vuelto a aplazar el calendario electoral. La nueva fecha anunciada para la primera vuelta es el 18 de julio de 2027, con una segunda ronda y elecciones locales previstas para octubre.
Las organizaciones armadas controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y han extendido su influencia a otras regiones. Naciones Unidas informó que más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas por la violencia entre enero y mediados de septiembre de 2026.
El primer ministro Fils-Aimé ha defendido la cooperación internacional y aseguró que el Gobierno haitiano dirige las operaciones. También anunció planes para ampliar las fuerzas policiales y militares nacionales, con el propósito de recuperar la capacidad estatal de garantizar la seguridad.
Sin embargo, la intervención salvadoreña plantea un precedente que trasciende a Haití. Si un país despliega un contingente militar de gran tamaño en otro Estado después de sufrir un ataque contra sus propios efectivos, pero sin que se conozcan públicamente las condiciones de su incorporación a una estructura multilateral, otros gobiernos podrían considerar fórmulas semejantes.
Le Cour Grandmaison advirtió que esta práctica puede debilitar la confianza en las misiones internacionales. Los países que participan bajo reglas multilaterales podrían concluir que asumen riesgos mientras otros gobiernos obtienen beneficios políticos mediante operaciones paralelas o menos transparentes.
Para El Salvador, las consecuencias también pueden ser significativas. La muerte o lesión de militares, las denuncias de abusos contra civiles, los conflictos con otras fuerzas de seguridad y los costos de una operación prolongada podrían convertirse en asuntos de política exterior, responsabilidad jurídica y debate interno.
Una operación que necesita claridad y rendición de cuentas
El Gobierno de Bukele ha presentado el despliegue como una respuesta necesaria para rescatar a cuatro compatriotas desaparecidos y contribuir a la seguridad de Haití. El primer ministro haitiano ha expresado públicamente su agradecimiento por la cooperación salvadoreña y ha defendido la presencia de fuerzas internacionales.
Pero esos respaldos políticos no sustituyen la obligación de precisar el marco jurídico de la intervención.
Para despejar las dudas planteadas por expertos y organismos internacionales, los gobiernos involucrados deberían hacer públicos los acuerdos que regulan la presencia salvadoreña, identificar la cadena de mando, explicar las reglas de enfrentamiento, precisar la duración del despliegue y establecer los mecanismos para investigar posibles violaciones de derechos humanos.
También resulta necesario aclarar qué unidades forman parte de la GSF y cuáles participan en el operativo bilateral de búsqueda y combate, quién autoriza cada acción y qué autoridad tiene competencia para investigar eventuales abusos.
La autorización legislativa salvadoreña para participar en la GSF y la resolución del Consejo de Seguridad constituyen elementos jurídicos relevantes, pero no resuelven automáticamente las interrogantes sobre el contingente adicional.
La cuestión central no es si El Salvador puede cooperar con Haití en materia de seguridad. La cooperación internacional es posible y está contemplada en el marco de Naciones Unidas. El problema es bajo qué condiciones se realiza, quién ejerce el control efectivo de las tropas y cómo se garantiza que las operaciones respeten la soberanía haitiana y los derechos de su población.
Mientras esas respuestas no sean públicas y verificables, la intervención seguirá sometida a cuestionamientos sobre su alcance legal, sus riesgos para la población civil y las consecuencias que podría tener para la política de seguridad regional.
