Un grupo de monjas brasileñas de la organización Fraternidad Pobres de Jesucristo anunció el lunes, a través de un comunicado, que continuará su servicio desde El Salvador, luego de siete años de cumplir labores religiosas y humanitarias en Nicaragua.
Varios defensores de derechos humanos y allegados a las religiosas denunciaron el domingo que la Policía de Nicaragua allanó el lugar donde ellas habitaban. Incluso pidieron respeto a su integridad.
Según dijo una fuente de la iglesia católica a periodistas, todo es a consecuencia de que el gobierno no está renovando los documentos de residencia a misioneros extranjeros.
La organización Fraternidad Pobres de Jesucristo, movimiento que nació en Brasil y tiene presencia en una docena de países, se caracteriza por gestionar alimentos y la cobertura de las necesidades básicas para grupos en riesgo social.
Según informes, el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mantiene una campaña contra la iglesia católica nicaragüense.
El Ejecutivo nicaragüense dijo recientemente que la iglesia forma parte de una red de lavado de dinero que presuntamente involucra a personas previamente condenadas por «Traición a la Patria» y varias diócesis del país, sin dar detalles específicos, de acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la Policía Nacional.
Las investigaciones anunciadas por lavado de dinero representan el último episodio de una serie de acciones emprendidas por el régimen de Ortega contra la iglesia católica, que solo en lo que va del año ha registrado el cierre de una universidad de la Arquidiócesis de Managua, arrestos de sacerdotes, expulsión del país de religiosas y el corte de relaciones diplomáticas con el Vaticano.
