La embajada de Alemania en El Salvador suspendió temporalmente la elección de proyectos comunitarios para su apoyo a raíz de la propuesta de una ley de agentes extranjeros del gobierno de Nayib Bukele.
«El proceso de selección de ‘Proyectos Comunitarios’ queda suspendido hasta nuevo aviso. Actualmente, no se están asignando recursos financieros, pero seguimos recibiendo solicitudes para el año 2022», publicó la embajada en su portal web.
Indicó en un breve texto que esto se debe al proyecto de ley de agentes extranjeros presentado por el Gobierno de Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, dado que existe una «posible afectación de las ONG con las que la embajada de Alemania coopera en estos proyectos».
«En cuanto se disponga de la formulación definitiva de la ley, se tomará una decisión sobre los próximos pasos», concluyó la embajada en el texto que diferentes usuarios de Twitter compartieron.
El ministro de Estado del Ministerio Federal de Alemania de Relaciones Exteriores, Niels Annen, manifestó estar «alarmado» por la propuesta de ley y llamó a reconsiderar el proyecto.
«Muy alarmado por la ley de regulación de agentes extranjeros en El Salvador. Esta ley complicaría la cooperación entre las sociedades civiles de nuestros países y limitaría considerablemente su margen de maniobra», publicó Annen en su cuenta verificada de Twitter.
Añadió un «llamado urgente a reconsiderar este proyecto» y etiquetó en su mensaje a la Cancillería de El Salvador.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de dos relatores de la ONU, han mostrado su preocupación por la previsible aprobación de la normativa.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgieron el miércoles al Estado salvadoreño «a abstenerse de aprobar el anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros».
Indicaron que su «implementación podría afectar gravemente la labor de personas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que contribuyen a la defensa a los derechos humanos y la libertad de prensa».
La iniciativa, que tiene luz verde para su votación con apenas un par de reuniones de exposición en una comisión de diputados, establece la creación de un registro de organizaciones o personas cuyas actividades en El Salvador «respondan o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero», según el texto del proyecto de ley.
Señala en su objetivo que busca que «los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública» y establece para la financiación de estos agentes un impuesto del 40% de su financiación.
Los legisladores añadieron a la propuesta penas de cárcel de entre 2 a 5 años a las personas o representantes de una organización que «ejecute actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjero».
El presidente Bukele envió esta propuesta pocos días después de que señaló que Estados Unidos financiará a organizaciones sociales que a su juicio son la «oposición política».
