El fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo el viernes que investiga «todos» los señalamientos de irregularidades cometidas por el Gobierno de Nayib Bukele en el manejo de los fondos para atender la pandemia de la COVID-19.
«Se están diligenciando y se están investigando todas las denuncias, todos los avisos que se han presentado, las noticias criminales», indicó Melara durante una rueda de prensa en la que fue preguntado sobre el tema.
Añadió que «hay procesos abiertos, que están en la investigación», sin entrar en detalles sobre estos casos ni los funcionarios vinculados.
«Hay investigaciones en desarrollo para ver qué es lo que está sucediendo y determinar si en algunos hay indicios de delitos o, decirlo con transparencia, si en otros no los hay y es un tema meramente ético el que se ha dado», subrayó Melara.
Durante la pandemia una serie de textos señalan compras irregulares con fondos estatales, en los que se involucra a funcionarios del Ejecutivo.
Por su parte, simpatizantes del presidente Nayib Bukele atribuyen las denuncias a ataques contra su administración de cara a las elecciones legislativas y municipales de febrero próximo.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, autorizó la compra de botas de hule por 225.000 dólares a una empresa de una tia.
El ministro confirmó la compra y que señaló que la Corte de Cuentas tiene la documentación relacionada.
Bukele destituyó el pasado 20 de junio al titular del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge «Koky» Aguilar, por beneficiarse de una compra irregular de protectores faciales por 250.000 dólares.
El Ministerio de Desarrollo pagó un «sobreprecio» de 176.000 en granos básicos para la entrega de canastas alimenticias a la población. El 17 de abril de 2020, la Defensoría del Consumidor emitió el Acuerdo número 37 mediante el cual fijó los precios máximos de productos considerados esenciales, como frijoles, arroz, maíz, leche en polvo y huevos.
A pesar de esa fijación, el 28 de abril, la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, conocida también por María Chichilco, firmó el contrato No. FISDL/P/013/2020, “Adquisición de productos alimenticios para el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador”, por la suma de $973,199.60.
Estás compras se realizaron a una empresa identificada como Disali, que es administrada actualmente por el estatal Consejo Nacional de Administración de Bienes, según fuentes consultadas por el medio.
Además existen acusaciones contra el ministro de Agricultura por la compra de maíz blanco mexicano con un sobreprecio de más de 5 millones de dólares, denuncias por alquiles a sobreprecio a personas relacionadlas con el partido político Nuevas Ideas, del mandatario Bukele y otras varias acusaciones.
Las acusaciones son un duro golpe al discurso de transparencia del Ejecutivo.
