Un juzgado de Paz procesó a la ex primera dama Vanda Pignato por simulación de delitos al alegar que se falsificó su firma en una compraventa de automóviles.
Este no es el único caso abierto para Pignato, que está acusada por el delito de lavado de dinero dentro de la estructura que habría creado su entonces esposo y expresidente Mauricio Funes para desviar $351 millones.
El juez octavo de Paz de San Salvador, Carlos Bendix, determinó que existen suficientes elementos para juzgar a Pignato por simulación de delitos luego de que declaró a la Fiscalía General de la República (FGR) que se había falsificado su firma en la compraventa de un vehículo de lujo al empresario Miguel Menéndez.
Menéndez, conocido por “Mecafé”, quien es expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) y amigo cercano de Funes, es uno de los principales organizadores de la red de corrupción que lideraba el expresidente Funes para desviar dinero de las arcas estatales.
La Fiscalía presentó la muestra gráfica brindada por Pignato ante peritos policiales, que confirmó que fue ella quien firmó los documentos. De acuerdo con el Código Penal, si es hallada culpable de simulación de delitos podría enfrentar una pena de uno a cuatro años de prisión.
Según las investigaciones, en 2010 Mecafé compró un vehículo Lexus por $100,000 y después se lo vendió a la exprimera dama por $60,000.
Pignato ya está procesada por el lavado de $165,000 de fondos públicos dentro de la estructura que habría creado su por entonces esposo Funes para desviar fondos públicos entre 2009 y 2015.
Según la Fiscalía, Funes gastó $4.5 millones en viajes de placer a distintas partes del mundo y pagó boletos de avión a familiares.
El juez quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde giró órdenes de captura a nivel nacional e internacional contra Cristina Pignato y Thiago Carbajal, hermana y cuñado de la ex primera dama. Según la acusación de la Fiscalía, se usaron más de $303,000 de dinero público para sufragar viajes de placer de los familiares de Pignato.
La exprimera dama, que se encuentra bajo arresto en un hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), fue juzgada en 2017 por enriquecimiento ilícito en la Cámara Segunda de lo Civil, pero fue exonerada de los cargos. En la misma resolución se condenó a Funes y a su hijo, Carlos Mauricio Funes Cañas, por el mismo delito y se inhabilitó al expresidente para ocupar cargos públicos por los próximos 10 años.
