El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque en Cabañas dictó el viernes el «sobreseimiento definitivo» de la causa penal contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas acusados de asesinar a una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992), aunque activistas habían alertado de posibles irregularidades y la politización del caso.
«Es un sobreseimiento definitivo, porque se declaró extinta la acción penal por ambos delitos, por asesinato y asociaciones (ilícitas)», dijo a periodistas la abogada defensora Carolina Herrador, tras la lectura del fallo.
Los procesados pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica y cuyos habitantes atribuyen el proceso penal a la denuncia de la posible reversión de la prohibición minera aprobada en el Congreso en 2017.
Precisó que, de los ocho acusados en este juicio, los cinco ambientalistas y otra persona que no pertenece a la comunidad estarán en libertad, con la única obligación de presentarse a firmar al juzgado cada ocho días mientras se declara «en firme» el fallo.
«Es sumamente satisfactorio, estábamos seguros de que íbamos a salir exitosos con este caso», subrayó.
Sobre las otras dos personas que han sido juzgadas en ausencia y fueron declaradas en rebeldía, dijo que ha quedado pendiente el fallo.
Agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) puede apelar la decisión, dado que tiene habilitada la vía para hacerlo ante un tribunal superior.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, fueron procesados desde enero de 2023.
Además, fueron juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.
Según la Fiscalía, todos los procesados son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusa del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva.
Sobre este proceso, la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) pidió «una resolución justa, ya que no hay suficiente evidencia para seguir criminalizando a estos defensores ambientales».
A mediados de mayo de 2023, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, dijo que los líderes comunitarios «deben ser liberados».
La comunidad de Santa Marta ha dicho que este caso muestra el uso del sistema judicial «para perseguir el activismo ambiental», mientras que organizaciones humanitarias lo han catalogado como político.
En una carta abierta, sus habitantes afirman que la detención de los ambientalistas se dio «luego de denunciar públicamente la posible reversión de la prohibición» de la minería, prohibida en el país desde 2017.
