La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno que se adopten medidas para proteger a las familias que por amenazas de las pandillas han tenido que abandonar sus hogares.
La Sala admitió dos demandas de amparo presentadas por familias acosadas por pandillas, por la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar, libertad de circulación y propiedad.
En ambas demandas se expuso que ni la Fiscalía General, ni la Policía Nacional Civil, ni la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Sector Justicia activaron las medidas de protección ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley de Especial Para la Protección de Víctimas y Testigos.
En su resolución, la Sala ordena a la Fiscalía y a la Policía que adopten las medidas pertinentes para asegurar la integridad personal y la seguridad de los demandantes respecto a las amenazas en su contra por parte de las pandillas, así como judicializar a los responsables de los delitos denunciados por las víctimas.
Además ordena a la Fiscalía y a la Policía, garantizar la seguridad para que estas familias “puedan retornar a su domicilio a efectos de recuperar los bienes materiales respectivos que se encuentran ahí y que no han podido recuperar por las amenazas sufridas”.
La Sala también ordena como medida de protección omitir la identidad de los demandantes, la reserva del caso y restringir el acceso al expediente judicial al público en general.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo a periodistas que el gobierno reconoce los desplazamientos forzados, pero que no aceptan que la violencia sea la única causa para el desplazamiento.
“En el país la movilidad de personas es multicausal, no podemos decir que todas sean a causa de la violencia”, afirmó a periodistas.
