SAN SALVADOR / PUERTO PRÍNCIPE.— El Gobierno de Nayib Bukele busca abrir canales de comunicación con las bandas criminales de Haití para conseguir la liberación de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada, antes de considerar una respuesta militar de mayor alcance, informó el jueves The Wall Street Journal (WSJ), que cita a una persona involucrada en las labores de rescate.
Las gestiones no habrían obtenido respuesta hasta el momento, de acuerdo con el diario estadounidense. La búsqueda se desarrolla en un entorno de enfrentamientos armados, con rutas bloqueadas y posiciones controladas por organizaciones criminales que han demostrado capacidad para atacar vehículos blindados y disparar contra helicópteros.
La crisis escaló después de que los cuatro integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador desaparecieran el domingo 18 de octubre, cuando regresaban en un vehículo blindado a su base en la zona de Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe. El vehículo fue atacado con armas de fuego y explosivos y terminó incendiado. Según las primeras informaciones militares, los técnicos consiguieron abandonar el automotor, pero desde entonces se desconoce su paradero.
El Gobierno haitiano confirmó posteriormente que los cuatro habían sido secuestrados, aunque no se ha informado públicamente de una prueba concluyente sobre su ubicación, su estado de salud o la identidad del grupo que los mantiene retenidos. Tampoco se ha comunicado una exigencia de rescate.
La información sobre las gestiones para una eventual negociación procede de fuentes citadas por el Wall Street Journal y no de un anuncio público detallado del Gobierno salvadoreño. La distinción importa: hasta ahora no se ha divulgado un acuerdo, un interlocutor reconocido ni una respuesta verificable de las bandas.
San Salvador refuerza el operativo con fuerzas especiales
La búsqueda pasó de las primeras operaciones de emergencia a un despliegue militar adicional. Associated Press informó el 22 de octubre que El Salvador había enviado 100 efectivos de fuerzas especiales a Haití para apoyar la localización y recuperación de sus cuatro compatriotas. Según dos funcionarios citados por la agencia, se esperaba la llegada de otros 100 ese mismo día.
El refuerzo se produce después de que Bukele anunciara una operación militar para recuperar a los técnicos y advirtiera a los responsables del secuestro que la respuesta sería más severa si los hombres no eran liberados con vida y sin lesiones.
En un mensaje dirigido a los jefes de las bandas, el presidente sostuvo que los salvadoreños desempeñaban tareas técnicas vinculadas con la aviación y no funciones de combate. También aseguró que la misión tenía como prioridad las evacuaciones médicas y otras labores de apoyo.
La Fuerza Armada salvadoreña había informado que los intentos iniciales de aproximación por tierra y aire se vieron limitados por la intensidad de los enfrentamientos y las condiciones de seguridad. Helicópteros enviados a la zona recibieron disparos y no pudieron completar las operaciones previstas.
La dimensión exacta de las fuerzas salvadoreñas desplegadas, su equipamiento, las reglas operativas y la cadena de mando de la misión de rescate no han sido divulgados íntegramente. Por ello, el envío de refuerzos no permite concluir, por sí solo, que esté en marcha una ofensiva independiente contra las organizaciones criminales haitianas.
Un territorio dominado por organizaciones armadas
El ataque ocurrió en un área donde operan algunas de las organizaciones criminales más poderosas de Haití. Entre ellas figuran Chèn Méchan —también conocida como Chen Mechan o Perro Malo— y 400 Mawozo, grupos con capacidad para bloquear vías, establecer puestos de control, extorsionar a la población y disputar el territorio a la Policía Nacional y a las fuerzas internacionales.
William O’Neill, experto independiente de Naciones Unidas en derechos humanos para Haití, señaló, según el Wall Street Journal, que los intentos de rescate encontraron una resistencia intensa. Las informaciones recogidas por el diario atribuyen a Chèn Méchan un papel central en la emboscada, con apoyo de 400 Mawozo, aunque no se ha establecido de manera concluyente qué organización mantiene a los salvadoreños cautivos.
El contexto explica la dificultad de la operación. Las bandas haitianas no son simples grupos de delincuencia callejera: algunas disponen de armamento pesado, redes de información local, fuentes de financiación y estructuras capaces de coordinar ataques y bloquear accesos. En determinados sectores de la capital y sus alrededores, las fuerzas estatales no mantienen un control continuo del territorio.
La violencia se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la prolongada crisis institucional. La expansión de las bandas ha debilitado la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad, mantener abiertas las principales vías y proteger instalaciones estratégicas.
La ONU ha documentado el aumento de los secuestros, los homicidios y los desplazamientos forzados. En una sesión del Consejo de Seguridad del 19 de octubre, el representante especial del secretario general para Haití, Carlos Ruiz Massieu, advirtió que los grupos armados continúan desafiando la autoridad del Estado y han recurrido a la toma de rehenes y a la violencia contra comunidades para intimidar y obstaculizar las operaciones de seguridad.
Qué puede hacer realmente El Salvador
La crisis pone a prueba la capacidad de El Salvador para proteger a sus efectivos fuera de su territorio y plantea una diferencia fundamental entre rescatar a cuatro personas y emprender una campaña militar para derrotar a las bandas haitianas.
Una operación de rescate requiere localizar a los desaparecidos, confirmar si continúan con vida, identificar a sus posibles captores y determinar si es posible aproximarse sin poner en peligro a los rehenes. Cuando no se conoce la ubicación de las personas secuestradas, una incursión armada puede elevar el riesgo de que los captores las trasladen, las oculten o les causen daño.
Una ofensiva más amplia exigiría capacidades adicionales: inteligencia fiable sobre las redes criminales, coordinación con las fuerzas haitianas y los demás contingentes internacionales, movilidad protegida, evacuación médica, abastecimiento, comunicaciones seguras y una evaluación de las consecuencias para la población civil. No se ha publicado información suficiente para determinar en qué medida El Salvador dispone, de manera autónoma, de todos esos recursos en Haití.
El envío de fuerzas especiales puede aumentar las opciones de búsqueda y respuesta inmediata, pero no equivale a disponer de capacidad para ocupar y mantener zonas controladas por las bandas. Tampoco garantiza que los cuatro técnicos puedan ser localizados mediante la fuerza.
Los expertos en seguridad citados por medios internacionales han advertido que, sin información precisa sobre el paradero de los desaparecidos o cooperación de quienes los retienen, la recuperación podría resultar extremadamente difícil. Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, dijo a Associated Press que la falta de cooperación de las bandas constituye un obstáculo importante para localizar a los militares. Una posible motivación de los captores, según analistas citados por la prensa, sería presionar a las fuerzas de seguridad y demostrar que pueden impedir su entrada en territorios bajo su influencia. Esa hipótesis no ha sido confirmada como motivo del secuestro.
Una fuerza internacional que aún no alcanza su tamaño previsto
Los cuatro técnicos formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en septiembre de 2025 para apoyar a la Policía Nacional de Haití y a las fuerzas armadas locales.
La resolución 2793 autorizó un contingente de hasta 5,500 efectivos uniformados —militares y policías— y 50 civiles. Su mandato contempla operaciones contra las bandas, protección de infraestructura crítica y apoyo a la seguridad pública, bajo las reglas de actuación de la fuerza y con respeto al derecho internacional y a la soberanía haitiana.
Sin embargo, la misión se encuentra lejos del número máximo autorizado. El primer informe de progreso de la GSF, que cubre de abril a agosto de 2026, registró 1,213 efectivos uniformados desplegados al cierre de agosto, procedentes de seis países. Esa cifra representaba alrededor del 22 % del contingente uniformado autorizado.
La diferencia entre el tamaño previsto y el personal realmente desplegado es una limitación operativa importante. Una fuerza reducida tiene menos capacidad para sostener operaciones simultáneas, asegurar vías, proteger instalaciones y responder a ataques en varios puntos del país. El ataque contra los salvadoreños, considerado por Associated Press uno de los más graves desde el comienzo de las operaciones de la nueva misión, ha expuesto esos riesgos.
La resolución de Naciones Unidas autoriza a los Estados participantes a adoptar las medidas necesarias para cumplir el mandato, pero exige que las operaciones se ajusten a las reglas de actuación y al derecho internacional. La intervención salvadoreña, por tanto, debe analizarse dentro de esa estructura multinacional y de la cooperación con las autoridades haitianas, no como una autorización irrestricta para actuar militarmente en cualquier punto del país.
Washington respalda la búsqueda, pero el desafío es regional
Estados Unidos ha expresado su respaldo a los esfuerzos para recuperar a los salvadoreños. El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, manifestó el apoyo de Washington a los contingentes que participan en la misión internacional.
Ese respaldo diplomático es relevante, pero no debe confundirse con la confirmación de que Estados Unidos haya asumido el mando de la operación de rescate o comprometido públicamente recursos militares específicos para localizar a los desaparecidos.
La búsqueda también se desarrolla en un contexto en el que las autoridades haitianas han recurrido a distintos apoyos internacionales, incluida la empresa privada de seguridad Vectus Global, fundada por Erik Prince, que ha participado en operaciones contra las bandas. La coexistencia de fuerzas públicas, contingentes internacionales y contratistas privados hace especialmente importante aclarar las responsabilidades de mando y los mecanismos de coordinación.
La ONU, por su parte, ha insistido en que el combate a las organizaciones criminales debe acompañarse de protección de la población civil y fortalecimiento de las instituciones haitianas. La capacidad de las bandas para atacar a una fuerza internacional no solo amenaza a los efectivos extranjeros: también revela la fragilidad de un Estado que todavía enfrenta dificultades para ejercer autoridad efectiva sobre amplias zonas de su territorio.
La negociación y la fuerza plantean riesgos diferentes
La búsqueda de contactos con las bandas no implica necesariamente que el Gobierno salvadoreño haya renunciado a una operación armada. En situaciones de secuestro, los gobiernos pueden explorar canales de comunicación al mismo tiempo que mantienen operativos de localización y rescate. Sin embargo, ninguna de esas vías garantiza un desenlace favorable.
Una negociación necesita interlocutores capaces de influir sobre los captores, mientras que una operación de fuerza requiere inteligencia precisa y una evaluación de los riesgos para los rehenes. En el caso de Haití, el desconocimiento público sobre la ubicación de los cuatro técnicos y la falta de una reivindicación clara por parte de una banda complican ambas alternativas.
La amenaza de una respuesta más severa puede buscar presión sobre los responsables, pero también eleva el riesgo de una escalada si los captores interpretan que tienen pocos incentivos para liberar a los hombres. La evolución de la crisis dependerá, en parte, de la capacidad de las autoridades para obtener información verificable y coordinar una respuesta que no agrave el peligro para los desaparecidos.
El Gobierno salvadoreño enfrenta así una decisión delicada: sostener la presión para conseguir la liberación de sus efectivos sin convertir una operación de rescate en una confrontación más extensa para la que no se ha demostrado que disponga de capacidad autónoma suficiente.
Por ahora, los hechos confirmados son la emboscada, la desaparición de los cuatro técnicos, la confirmación haitiana de su secuestro, el anuncio de una operación de rescate y el refuerzo de personal salvadoreño. Las gestiones de negociación y la posibilidad de ampliar la respuesta militar forman parte de la información publicada por medios internacionales, pero no se ha anunciado un acuerdo con las bandas ni se conoce el paradero de los militares.
La prioridad inmediata continúa siendo recuperar a los cuatro salvadoreños con vida. El desenlace medirá no solo la capacidad de respuesta de El Salvador, sino también la eficacia de una misión internacional que, pese a su mandato y al apoyo externo, sigue enfrentándose a grupos armados capaces de desafiar el control del Estado haitiano.
Con información de AdN -Agencia Digital de Noticias-
