La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) avisó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una serie de propuestas de reformas penales enviadas a la Asamblea Legislativa de El Salvador por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que violarían derechos humanos en el país, informó el martes la ONG.
«Se ha informado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de una comunicación especial URGENTE, sobre las graves violaciones a derechos humanos que dichas reformas significan», apuntó la organización civil en X.
Detalló que «una de ellas es una condena injusta para personas que, siendo muy probablemente inocentes, de delitos comunes o especiales, pueden pasar siendo investigadas 5, 10 o más años EN LA CÁRCEL antes que se les declare inocentes o culpables».
El lunes, la directora del SJH, Ingrid Escobar, dijo a periodistas que las reformas presentadas por funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele para que el tiempo máximo de detención provisional sea equivalente a la mitad de la pena de cada cargo imputado generaría condenas adelantadas.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, pidió al Congreso reformar el Código Procesal Penal, con lo cual si un delito tiene una pena máxima de 10 años de cárcel, la detención provisional podría llegar hasta los 5 años antes de que exista una sentencia.
La normativa actual establece que la detención provisional para delitos menos graves no puede superar los 12 meses, mientras que en cargos graves es de 24.
Con la reforma, si son varios los delitos imputados la detención sería la mitad de la pena máxima del cargo con más tiempo de prisión.
«Es una condena adelantada, lo cual no pasa el control constitucional ni convencional (tratados internacionales)», indicó Escobar, señalando que lo que se buscaría con esta reforma al Código Procesal Pena es «legalizar esa detención de más de dos años» bajo el régimen de excepción, vigente desde 2022.
A finales de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, reformó el Código Procesal Penal para que las personas en general acusadas de homicidio, extorsión y tráfico de drogas se mantengan bajo esta medida hasta que la sentencia esté «firme».
Esta enmienda se dio en el marco de un endurecimiento de penas contra las pandillas tras la aprobación de un régimen de excepción, vigente desde esas fechas, tras una escalada de homicidios atribuida a esas organizaciones.
Dicho régimen ha dejado más de 300 muertes en custodia estatal.
